El Perú tiene nueva presidenta y el mapa que deja esa victoria merece leerlo con calma.
Keiko Fujimori ganó con 9,223,396 votos, el 50.135% de los sufragios válidos, frente a los 9,173,755 de Roberto Sánchez. La diferencia es de 49,641 votos en una elección de casi 20 millones de emitidos.
En nuestro modelo democrático, manipulado desde hace diez años por el fujimorismo, gana quien más votos válidos obtiene y Fujimori los tiene. Eso es un hecho y este diario lo reconoce. Pero hay otros hechos que merecen estar en la perspectiva ciudadana y política.
Dentro del territorio peruano, con todas las regiones contabilizadas incluyendo Lima provincias, Roberto Sánchez obtuvo 50.088% y Keiko Fujimori 49.912%, una diferencia de 32,014 votos. Ese resultado no puede leerse como un respaldo entusiasta a Sánchez. Es en buena medida un voto antifujimorista acumulado durante dos décadas, el mismo rechazo que en el sur llegó al 75.1% y en las zonas rurales al 67.8%.
Lo que el Perú votó dentro de sus fronteras no fue tanto a favor de un candidato como en contra de una historia política que amplias mayorías del interior siguen exigiendo que se repare, la de los muertos, los desaparecidos y las mujeres esterilizadas a la fuerza durante los años noventa, cuya memoria el fujimorismo ha pisoteado durante la última década desde el Congreso.
La hija del exdictador perdió ese voto. Ganó la presidencia gracias a los peruanos migrantes en otros países, que le entregaron una ventaja de 81,655 votos que invirtió el resultado por completo.
La lideresa de Fuerza Popular solo ganó en 7 de los 24 departamentos. El candidato antifujimorista ganó en 17, el 71% del territorio departamental. En el sur Sánchez obtuvo 75.1% frente al 24.9% de la hija del exdictador. Cerca de 1.3 millones de peruanos prefirieron viciar su voto antes que elegir entre las dos opciones, una cifra que supera veinte veces el margen de victoria y que es también otra expresión del mismo rechazo.
No obstante, ese mapa no es nuevo. En 2021, Pedro Castillo ganó el sur y el centro mientras Keiko se imponía en Lima y el norte. Esta vez los peruanos migrantes y Lima pesaron lo suficiente para revertir el resultado.
La nueva presidenta gobernará un país que en más del 70% de su territorio votó en sentido contrario al suyo. Eso no le quita legitimidad, pero sí le impone una responsabilidad que va más allá de gobernar para quienes la eligieron. Por ello, solo apelar al orden, sin contemplar lo que explica este editorial, puede convertirse en caldo de cultivo de abusos estatales contra quienes como ciudadanos libres quieren hacer efectivo su derecho constitucional a la disidencia.