El T-MEC sigue vigente hasta 2036. Estados Unidos no aceptó extenderlo hasta 2042, pero estará sujeto a revisiones anuales. Esto importa más de lo que la semana pasada admitió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
El año pasado EU llegó con un pliego de 54 exigencias comerciales y este año lo redujo a 14. Con las revisiones anuales exige la posibilidad de reabrir parte de ese pliego cada año. Ahora, el peligro no es la salida estadounidense del tratado, sino la incertidumbre permanente sobre la inversión. El T-MEC dejó de ser un proyecto de largo plazo y se volvió un contrato que EU auditará cada año.
Hay dos categorías de exigencias estadounidenses: las que México puede negociar y las que son innegociables. Las primeras son las barreras no arancelarias, los trámites opacos en las aduanas, Cofepris y las compras públicas, los retrasos en registros sanitarios y aspectos técnicos de reglas de origen. Ahí México puede ceder sin afectar su soberanía. Digitalizar sus aduanas y probar que no hay triangulación de insumos asiáticos son concesiones costosas, pero defendibles.
También son negociables el cumplimiento laboral y la propiedad intelectual. México ya reformó su ley laboral al entrar en vigor el tratado y puede aceptar más vigilancia sindical y más paneles para evitar sanciones sorpresivas. Perseguir la piratería golpeará a la informalidad, pero protegerá a quienes exportan marcas y software.
Las exigencias no negociables tienen que ver con el modelo de Estado que desde 2018 empezó a construir AMLO y hoy continúa la presidenta Claudia Sheinbaum. EU rechaza las políticas que privilegian a Pemex y a la CFE frente a las empresas privadas y si bien México puede ajustar normas, no se ve que vaya a aceptar convertir esta revisión en una segunda reforma energética dictada desde Washington.
Lo mismo aplica al régimen fiscal, al SAT, a la reforma judicial y a los órganos autónomos. Aceptar que el T-MEC ordene el rediseño de Hacienda, de los tribunales o de los órganos reguladores sería admitir una tutela estadounidense sobre las instituciones más sensibles del país.
México tampoco aceptará vincular formalmente la seguridad y el comercio. EU ya usa la interdependencia comercial para exigir cooperación contra el tráfico de fentanilo y otras drogas, pero volverlo cláusula del tratado sería conceder que su vigencia depende de la calificación anual que Washington dé al desempeño mexicano en seguridad.
Si un demócrata ganara la presidencia estadounidense en la elección de noviembre de 2028 podría cambiar el tono, pero no el fondo de la relación México-EU. Un demócrata bajaría la teatralidad trumpiana de las amenazas arancelarias, pero seguiría firme el consenso de demócratas y republicanos a favor de un comercio más duro, obsesionado con el empleo interno y con contener a China. Cambiaría el estilo, pero no la fuerza.
En 2025 México vendió a EU un récord de 534,873 millones de dólares, 83.7% de sus exportaciones no petroleras. Esa dependencia lo empuja a ceder en lo negociable para no perder acceso. Lo innegociable sigue fuera de la mesa. El 20 de julio, cuando Ebrard se reúna en la CDMX con los negociadores de EEUU, sabremos cuántas concesiones da México porblindar su soberanía.
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