La Paz, 10 jul (EFE).- La aplicación de un tipo de cambio flexible en Bolivia tras 15 años de un esquema fijo no resolverá por sí misma la falta de dólares que sufre desde 2023 el país, que requiere medidas adicionales como recortar más el gasto fiscal y aplicar reformas para atraer inversiones, advirtieron analistas.
Desde la puesta en marcha del nuevo régimen cambiario el pasado 29 de junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) publica a diario la cotización del dólar que regirá al día siguiente.
La medida inició con un tipo de cambio oficial de 9,73 bolivianos y este viernes alcanzó los 10,24 bolivianos, en reemplazo de la cotización de 6,96 bolivianos vigente desde fines de 2011.
Consultados por EFE, los economistas Fernando Romero y Gary Rodríguez coincidieron por separado en que era una "medida necesaria" porque "ya no era sostenible" mantener fijo el tipo de cambio, pero que el régimen flexible requiere un respaldo financiero para que la oferta de divisas deje de ser limitada y se eviten presiones inflacionarias.
La escasez de dólares comenzó a principios de 2023, con una dificultad para acceder a divisas por los canales oficiales que impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 la moneda estadounidense llegó a cotizarse hasta en 20 bolivianos.
Rodríguez, que es gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), mencionó que los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) emplearon el tipo de cambio fijo "como un instrumento antiinflacionario".
Esto "aportó a la estabilidad de precios, la previsibilidad para los negocios y la confianza mientras duró la bonanza" por el auge del gas natural, que reportó ingresos "por más de 60.000 millones de dólares" y en 2014 se alcanzó un registro histórico de 15.122 millones en reservas internacionales netas (RIN), recordó.
Pero "al cambiar las condiciones externas y bajar el ingreso de divisas por la exportación de gas, al mismo tiempo que subían las importaciones de combustibles líquidos", se llegó a "un virtual agotamiento de las RIN" y el tipo de cambio fijo hizo que la moneda nacional se sobrevalúe, lo que desincentivó las exportaciones no tradicionales, agregó.
Romero afirmó que el tipo de cambio fijo quitó "competitividad", "dinamismo y posibilidades de desarrollo a la economía boliviana, porque "el dólar es una moneda fuerte" en el mundo.
El nuevo régimen
En diciembre pasado, un mes después de la llegada de Rodrigo Paz al Gobierno, el BCB empezó a publicar a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano e inició progresivamente la devolución de ahorros en divisas y la habilitación de transacciones en divisas para compras en el exterior, que estuvieron restringidas desde 2023.
Desde hace dos semanas se aplica el "régimen cambiario flexible" establecido por el Ministerio de Economía, periodo en el que el precio del dólar subió en 51 centavos.
Para Romero, el incremento de la cotización del dólar refleja que, "si bien ahora la economía no va a trabajar tanto bajo un mercado paralelo bastante volátil y especulativo", es evidente que "todavía existe una oferta limitada de divisas y que los problemas estructurales siguen vigentes", como el déficit fiscal y la caída de ingresos por exportaciones.
El experto consideró que el tipo de cambio fijo "ya no era sostenible" y que para que el flexible "tenga cierta solvencia y sostenibilidad", se debería recurrir a la ayuda de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De lo contrario, se tenderá a que siga subiendo la cotización del dólar y se tendrá "una economía más costosa que podría traer procesos y presiones inflacionarias y cambiarias", alertó.
Rodríguez sostuvo que el régimen flexible "puede ayudar a aliviar distorsiones y contribuir a equilibrar el mercado cambiario", pero "no genera dólares por sí mismo", por lo que es necesario incrementar el ingreso de divisas con más exportaciones, aumentar la producción de hidrocarburos y reducir el gasto fiscal.
Ambos expertos consideraron necesarias nuevas leyes de inversiones e hidrocarburos, entre otras, para garantizar seguridad jurídica y atraer la inversión extranjera.
Gina Baldivieso
(c) Agencia EFE