Con nuestra corresponsal en México, Gwendolina Duval
El gobierno mexicano presenta la medida como una presión jurídica y diplomática, y que juzga necesaria después de 11 solicitudes sin respuesta. A partir del lunes 13 de julio, según la cancillería, se interpondrán denuncias penales por la muerte de mexicanos en Estados Unidos, así como procedimientos civiles contra las empresas subcontratadas por el ICE para operar los centros de detención de personas migrantes.
"Es una decisión que llega un poco tarde", analiza Eunice Rendón, doctora en relaciones públicas y gerente de la organización Agenda Migrante. "Las cartas diplomáticas fueron insuficientes, porque el único medio que hemos visto hasta ahora para revertir o anular las decisiones de Donald Trump es la vía judicial. A Donald Trump le importa poco la diplomacia. Le importan poco las relaciones internacionales. Lo único que realmente importa es la ley, porque puede obligar a las autoridades estadounidenses a adoptar un comportamiento diferente".
El gobierno enviará una denuncia por homicidio por cada uno de los 17 mexicanos fallecidos en Estados Unidos a manos del ICE. Tres de ellos fueron asesinados a tiros, los otros 14 murieron en centros de detención administrados por empresas privadas.
Para Eunice Rendón, el esfuerzo sirve ante todo para arrojar luz sobre estos casos porque tomará tiempo. "Puede ser largo, conforme a los plazos de los tribunales estadounidenses, pero sin duda puede tener efectos y hacer que las autoridades den instrucciones o tomen medidas en estos centros de detención", concluyó.
Con estas acciones, México abre la puerta a otras acciones colectivas. Hasta la fecha, bajo la administración Trump, 53 personas han muerto a causa de intervenciones de la policía migratoria en Estados Unidos.
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