Lima, 11 jul (EFE).- La cancillería de Perú señaló este sábado que no es una decisión jurisdiccional obligatoria la opinión del 'Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas' que concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) fue arbitraria y debe ser liberado.
En un comunicado de prensa, el ministerio peruano de Relaciones Exteriores agregó que las opiniones de este grupo de trabajo "no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno".
En tal sentido, la opinión del grupo en mención de la ONU no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes, remarcó la cancillería peruana.
La nota informativa subraya que el grupo mencionado adscrito a las Naciones Unidas es un "Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de esta organización", integrado por profesionales independientes que, en el marco de su mandato, examinan comunicaciones individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados.
Conforme al derecho internacional público, las opiniones del Grupo de Trabajo constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional, cuyo propósito es promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, agregó la cancillería.
La precisión del ministerio se conoce después de que el abogado de Castillo, Walter Ayala, presentara un hábeas corpus que pide la libertad inmediata del exmandatario, sentenciado a once años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, a raíz de este dictamen del grupo de trabajo de la ONU.
El abogado del exmandatario plantea además la nulidad de las actuaciones judiciales contra Castillo, como la prisión preventiva de 18 y 36 meses dictadas antes de su sentencia, así como la condena en primera instancia del 4 de diciembre del año pasado, que ha sido apelada.
La acción legal de la defensa de Castillo también pide que se anule la resolución legislativa que declaró su vacancia (destitución) presidencial por incapacidad moral, por presuntamente no haber respetado su derecho a la defensa.
El documento presentado por Ayala señala como responsables de la presunta vulneración de la libertad de Castillo al actual presidente interino, José María Balcázar; al ministro de Justicia, Luis Jiménez; al Congreso, a los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez supremo Juan Carlos Checkley y al Ministerio Público.
Consultado sobre este tema, Balcázar declaró en la víspera que "ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida".
Balcázar, quien el próximo 28 de julio transferirá el mando presidencial a la derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta del pasado 7 de junio en Perú, agregó que esperará una petición de los abogados de Castillo, que "tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU", según dijo.
El gobernante sostuvo que el informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas puede fortalecer el sustento de una nueva solicitud de indulto que, según remarcó, deberá ser evaluada primero por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
"Eso abonaría a su petitorio y ahí se verá, y lo estudiaremos con el ministro de Justicia. Él tendrá que analizar bien porque para eso es el asesor (del presidente para estos temas)", acotó el mandatario.
Este sábado, el excandidato presidencial Roberto Sánchez acudió con un grupo de partidarios al penal de Barbadillo, donde está recluido Castillo, para exigir su liberación y anunció una movilización el próximo día 15 para respaldar esa solicitud.
(c) Agencia EFE