Una profunda crisis económica y energética, protestas diarias por la falta de corriente y comida, y el aumento del número de presos por motivos políticos marcan este sábado el quinto aniversario del multitudinario estallido social del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.
El aniversario llega cuando se cumplen además seis meses del aumento de la presión de Washington, con un bloqueo petrolero -que ha paralizado la isla y deteriorado enormemente las ya precarias condiciones de vida- y nuevas sanciones, que ahuyentan a empresas extranjeras.
Solo esta semana la isla ha sufrido dos apagones nacionales, con lo que suma cuatro en lo que va de año. No obstante, la situación no es mucho mejor en condiciones normales: La Habana recibe de media apenas una o dos horas de corriente al día y en las provincias los cortes pueden prolongarse hasta tres días consecutivos.
En este contexto, a diario se registran protestas, normalmente de decenas de personas que, de forma pacífica, principalmente en La Habana, exigen al Estado servicios básicos, como corriente, agua y alimentos.
El descontento social se expresa en cacerolazos, bloqueos de calles y quemas de basura.
Algunas voces de la disidencia cubana argumentaron que el 11J marcó una ruptura histórica e irreversible en la relación entre la sociedad y el Estado, y que el aire que se respira por estos días en la isla es de protesta.
"La profundización estructural de las carencias y de las desigualdades puede producir un evento parecido al del 11J", sostiene el opositor cubano, Manuel Cuesta Morúa; mientras que la opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que desde el 11J no se ha visto una manifestación similar, "en el sentido de que fue masiva", y reconoce que la isla pudiera vivir otro 11J, pues "las condiciones actuales llevan a ello".
Cuesta Morúa indica, además, que las protestas que se viven en la isla en la actualidad consolidan cinco años después del 11J, una "reconfiguración del tipo nuevo de relación entre la sociedad y el Estado cubanos: ruptura del contrato histórico entre pueblo y Gobierno revolucionarios".
Por su parte, la directora de Cubalex, Laritza Diversent, señaló en un conversatorio online que "a partir de las protestas del 11J la población civil cubana no ha dejado de salir a la calle" (a protestar) y resalta, a su vez, un "cambio de perspectiva dentro de la ciudadanía", que "ha creado mecanismos para manifestarse".
Sin embargo, reconoce Cuesta Morúa, el Gobierno cubano "endurece su respuesta llevando a prisión e imponiendo duras sanciones a algunos de quienes protestan, a modo de mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento manifiesto de los ciudadanos".
En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en Cuba existe "una grave situación represiva" y contabilizó "al menos 1.949 acciones represivas" sólo en el primer semestre.
Esta semana se cumplió el tiempo de cárcel de Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más visibles de la disidencia artística y el líder del Movimiento San Isidro, quien fue arrestado precisamente el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas.
El artista, de 38 años, extinguió el pasado 9 de julio su pena de cinco años por desacato y desórdenes públicos, pero no ha sido puesto en libertad.
La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó este sábado que ésta parece "una liberación condicionada al exilio".
HRW denunció asimismo que cinco años después del 11J permanecen encarcelados unos 800 presos por motivos políticos, casi la mitad de ellos por participar en esas manifestaciones.
Según han señalado varias organizaciones de derechos humanos, las protestas del 11J finalizaron con la detención de más de 1.400 personas.
HRW exigió que el Gobierno cubano libere "de inmediato e incondicionalmente" a todos los presos políticos y ponga fin a su "represión sistemática" de la disidencia.
Contrario a estas posturas, el Gobierno cubano ha insistido en estos años en señalar el 11J como una "victoria popular", como escribió en redes sociales este sábado el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales Ojeda.
"¡Jamás negaremos a los revolucionarios ese derecho! La Patria se defiende", insistió.
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