El gobierno interino de Perú está afrontando una creciente presión, con pedidos de indultos o perdón para el encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo, cuyos seguidores anunciaron el lunes marchas antes de la asunción de la mandataria electa Keiko Fujimori.
El cambio de mando está previsto para el 28 de julio, y los defensores de Castillo han presentado en los últimos días nuevas solicitudes para su excarcelación, a través de una "gracia" presidencial del mandatario interino José Balcázar.
Desde que Castillo fuera apresado a fines del 2022, tras intentar disolver el Congreso y asumir amplios poderes, sus abogados han presentado hasta seis pedidos de indulto humanitario, los que han sido declarados inadmisibles, según el Ministerio de Justicia.
En una conferencia de prensa, el derrotado candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez convocó para el miércoles a una marcha nacional para "exigir" al gobierno la excarcelación de Castillo, haciéndose eco de una opinión de un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una opinión no vinculante, dijo que la prisión de Castillo es "arbitraria" y recomendó al Gobierno de Perú la "inmediata liberación" e indemnización para el político, según un documento publicado a inicios de junio y aprobado en noviembre del año pasado.
"Exigimos la liberación de Pedro Castillo y llamamos al pronunciamiento nacional", afirmó Sánchez, quien pidió a Balcázar no eludir su "responsabilidad" política de respetar las recomendaciones de un organismo internacional.
Balcázar, en una entrevista con la radio estatal de Perú, dijo el viernes que el documento de la ONU "viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional" sobre el pedido de indulto de una persona detenida. "El caso de Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU".
Expertos en derecho y constitucionalistas locales han afirmado, sin embargo, que las recomendaciones del grupo de la ONU no obliga a la justicia y al gobierno a excarcelar a Castillo.
La cancillería de Perú dijo el viernes por su parte que las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU "no producen efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes".