En los últimos 20 años, en el Congreso se han presentado cerca de 200 iniciativas destinadas a atender los estragos que dejan los desastres naturales en la población; sin embargo, a la fecha la mayoría han sido desechadas y solo unas 50 se mantienen congeladas en alguna de las Cámaras, incluidas un par de propuestas para reconocer el desplazamiento interno climático.
Entre las propuestas recientes están dos presentadas en junio pasado por la diputada del MC, Laura Ballesteros Mancilla, quien plantea incorporar a las leyes el concepto de —desplazamiento climático— como la forma de movilidad humana inducida por el cambio climático que comprenderá el desplazamiento, evacuación, reubicación planificada o permanencia involuntaria de personas o comunidades, derivada de desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos, degradación ambiental u otros impactos climáticos que hagan inseguro, inviable o inhabitable su lugar de residencia.
Además de otra iniciativa con la que busca reconocer el "desplazamiento climático" dentro de la Política Nacional de Adaptación, así como desarrollar una Estrategia Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Climático con enfoque participativo, de género e interseccional.
En el mismo sentido, en abril pasado la diputada Laura Hernández García (MC) propuso reformas a Ley de Migración, con el fin de atender el desplazamiento interno forzado, como el movimiento involuntario de personas, grupos o comunidades dentro del territorio nacional, forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de desastres naturales o provocados por el ser humano, sin haber cruzado una frontera internacional.
Sin embargo, estas propuestas no son nuevas, ya que desde 2025, la bancada de MC ha planteado reformas para incorporar los conceptos de "Desastre natural", de "Desplazamiento Climático" y de "persona desplazada climática", a la ley, y así establecer como atribución de la Federación el incorporar en los instrumentos de política ambiental criterios de mitigación del desplazamiento climático.
A su vez, en diciembre de 2025, la senadora de Morena, Luisa Cortés García, también había planteado reformas a la Ley General de Víctimas para reconocer el desplazamiento interno forzado en el marco legislativo nacional, con el fin de establecer que son víctimas de desplazamiento interno forzado toda persona o grupo de personas que hayan sido obligadas a abandonar su lugar de residencia o de habitual estancia dentro del territorio nacional, como consecuencia conflictos agrarios, delincuencia organizada, violencia generalizada, religioso, violaciones en materia de derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo o cualquier otra causa que ponga en riesgo su vida, integridad, libertad o seguridad, y que no cuente con condiciones para su retorno seguro, voluntario y digno, ni con medios adecuados de integración local o reasentamiento.
Por otro lado, en junio pasado el diputado José Braña Mojica (PVEM), propuso a la comisión permanente una reforma constitucional para establecer que toda persona tendrá derecho al bienestar psicosocial y a la salud emocional en casos de emergencias sanitarias, desastres naturales, contingencias ambientales o crisis socioeconómicas agudos.
En este tenor, también hay una propuesta del senador Francisco Daniel Barreda Pavón (MC), quien pidió reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para determinar que el gobierno federal, y los estados, deberán implementará de forma obligatoria un ingreso mínimo vital a jornaleros durante los periodos de inactividad agrícola por estacionalidad o frente a pérdidas de fuentes de empleo derivadas de contingencias climatológicas y desastres naturales, asegurando su derecho a la estabilidad económica y a la seguridad alimentaria.
Asimismo, hay Iniciativa como la planteada en 2025 por el senador y líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", el cual planteó incorporar un mecanismo de apoyo directo y sostenido para quienes enfrenten pérdidas derivadas de fenómenos naturales, al proponer que los contribuyentes afectados por desastres puedan acceder de manera automática a créditos y deducciones fiscales equivalentes a los recursos invertidos en la reconstrucción o rehabilitación de sus viviendas y locales comerciales.
De igual manera se encuentran congeladas propuestas de senadores y diputados de diferentes bancadas relacionadas con apoyos y subsidios para la población y empresas a causa de fenómenos naturales, como aplicar la tasa del 0% durante todo el tiempo que tarde la reconstrucción o rehabilitación de la zona de desastre a empresas; crear el Fondo Nacional de Reparación del Daño en Caso de Desastres Naturales y Sociales; establecer mecanismos para atender a las personas desplazadas climáticas.
Así como modernizar el catálogo de servicios y plantear que serán sujetos de la asistencia social, preferentemente las personas víctimas de desplazamiento interno forzado por violencia o desastres naturales, entre otras.