La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró este lunes "secreto de Estado" la información de las entidades responsables de la seguridad pública ante la capacidad del crimen organizado para infiltrarlas y un fuerte aumento de la violencia en el país.
La medida se da en medio de una pugna con el poder Judicial y tras la filtración de un documento interno de la dirección de inteligencia del Estado que identificó a 116 policías supuestamente ligados a bandas de tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.
Fernández también impulsa una reforma en el sistema de justicia al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado. La mandataria de derecha llegó al poder en mayo.
El decreto, publicado en La Gaceta oficial, considera como "secretos de Estado" la información, documentos y archivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el grupo interinstitucional 'Fuerza Élite', así "como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia".
Incluye además la información relacionada con operaciones de la delincuencia organizada, dinámicas policiales de prospección, despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales y recursos tecnológicos, entre otros.
El objetivo es restringir el acceso público a la política estratégica en la lucha contra el crimen organizado pues la divulgación "de esta información puede comprometer operaciones en curso o futuras", precisa.
Asimismo, justifica la medida ante el incremento de las amenazas vinculadas con los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, sicariato y crimen organizado.
Siete de cada diez asesinatos están ligados al narcotráfico en Costa Rica, donde la tasa de homicidios se disparó a 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al índice de 11,2 de 2019.
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