Amnistia Internacional (AI) pidió este jueves a la comunidad internacional elevar la presión contra una reforma en Nicaragua que excluirá a la oposición de las elecciones.
La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por el presidente Daniel Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.
AI "solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho (a elegir) como una decisión soberana de carácter interno", plenteó la organización en un comunicado.
Además, insta a que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, y que exijan que "Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente".
La "reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos", dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
El exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.
Según el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, la Constitución establecerá que "no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas" y "los que hayan incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua".
También excluirá a "los traidores a la Patria" y a quienes "viven pidiendo intervención militar", que "aplauden y piden sanciones para todos nosotros", agregó.
La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años "prorrogables", lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.
El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.
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