En 1991, los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards le pusieron "populismo macroeconómico" a un viejo mal latinoamericano: repartir dinero hoy ignorando la cuenta de mañana. El capítulo colombiano de aquel libro llevaba como título "Sobre la ausencia de populismo económico en Colombia". Miguel Urrutia, que años después fuera gerente general del Banco de la República entre 1993 y 2005, documentó la anomalía: mientras otros países iban de la expansión al colapso, Colombia se administraba con sobriedad. Treinta y cinco años después, ese capítulo exige reescritura.
A Gustavo Petro no le hizo falta tocar la Constitución económica de 1991: las reglas se erosionaron por dentro. De una contabilidad enrarecida para aparentar que cumplía la regla fiscal, pasó a un presupuesto por decreto y, en 2025, a suspender la regla por tres años sin pandemias, guerras o desastres. Moody's lo dijo con frialdad: se suspendió "pese a la ausencia de un choque económico". La cuenta que recibe Abelardo de la Espriella es un déficit que ronda el 7% del PIB, una deuda en niveles de pandemia y una nota que S&P degradó a su nivel más bajo desde 1993.
Sería deshonesto no mencionar los resultados sociales: la pobreza monetaria cayó a 28% en 2025, mínimo desde 2012, y el desempleo cerró en mínimos de la serie del DANE. ¿Con qué se pagó? No con productividad ni inversión como motor –lo que el nuevo presidente promete desatar en nombre de la "libertad"–, fue con alza del salario mínimo muy por encima de la inflación, mayores niveles de empleo en el sector público y un mercado laboral donde más de la mitad es informal y es por cuenta propia. Ingresos que alivian el presente y comprometen el futuro.
El Banco de la República es capítulo aparte porque allí se jugó algo más delicado que el dinero, la credibilidad, cuando el ministro Ávila convirtió la Junta en tribuna. El Banco respondió siete a cero por mantener la tasa en 11.25%. La Junta no cedió la tasa, cedió el calendario. Aplazar la siguiente decisión hasta pasada la segunda vuelta supuso incorporar el ciclo político a su función de reacción. La independencia de jure quedó intacta, la de facto se erosionó. Bastó el asedio. De la Espriella, que prometió respetarlo, hereda un Banco cuya palabra puede valer menos cuando más la necesita: con desorden fiscal, la tasa puede seguir más alta de lo que su promesa de abundancia resiste.
Pero el meollo de la herencia no es el déficit: es su blindaje. Aproximadamente el 93% del presupuesto está amarrado por la Constitución y la ley en deuda, pensiones, transferencias, salud, de acuerdo con la cifra oficial de Hacienda para el PGN de 2026. Irónicamente el candidato que prometió recortar el Estado en un 40% recibe un Estado blindado. Su margen real de recorte ronda el 7% del presupuesto, muy lejos de lo prometido.
Sólo estabilizar la deuda exige un ajuste de 3.5 a 4.5 puntos del PIB, estima el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y la regla fiscal vuelve plena en 2028, es decir que el ajuste cae en el cuatrienio de De la Espriella. Del otro lado está la política partidista porque el presidente no tiene mayorías propias para hacer reformas. Las pruebas que enfrentará ya tienen fecha: el presupuesto de 2027 en semanas, el salario mínimo en diciembre y la reforma tributaria "estructural" que, si nace eliminando impuestos, tendrá que explicar quién compensará.
La pregunta de los próximos cuatro años no es si Colombia cayó en populismo fiscal. Cayó por la izquierda en los hechos con Petro y por la derecha, de momento, en las promesas de De la Espriella. La pregunta es si el Tigre restaura la excepción que documentó Urrutia o la entierra. En materia fiscal los milagros no existen. Existen los ajustes. Y existen los de siempre que los pagan: los gobernados.
*/ Profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM.