Ciudad de México, 31 jul (EFE).- A once años del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres, familiares de las víctimas denunciaron este viernes que el caso permanece en la impunidad y acusaron a autoridades mexicanas de mantener una investigación marcada por omisiones, retrasos y falta de avances.
"Durante 11 años la violencia institucional nos ha golpeado como víctimas, como seres humanos y como familias. Nos ha torturado con su complicidad con los delincuentes. Lastimosamente han generado narrativas de criminalización social y arbitrariamente han dejado perder evidencia fundamental", afirmó Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista, durante una protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México.
Espinosa lamentó que, más de una década después del crimen, las familias continúen sin obtener respuestas de las autoridades, a las que acusó de ser "incompetentes" y de seguir "tapando" las deficiencias de las administraciones anteriores.
"Sin embargo, aquí seguimos y seguiremos, tu familia, tus amigos y personas solidarias para que tu muerte y la de muchos más no queden en la impunidad", expresó.
El 31 de julio de 2015 fueron hallados asesinados en un departamento de la colonia Narvarte el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz, un crimen que se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Durante el acto, Víctor Alonso del Pozo, coordinador de Defensa de Artículo 19 para México y Centroamérica, aseguró que el expediente continúa "en la impunidad" y señaló que las autoridades han incurrido en "omisiones" que profundizan la revictimización de las familias.
El representante de la organización recordó que desde 2015 han pasado tres administraciones federales y cinco titulares de la FGR sin que exista "una voluntad real" para agotar todas las líneas de investigación ni para sancionar a los funcionarios responsables de las irregularidades detectadas durante las pesquisas.
Añadió que las familias sostienen que sigue sin investigarse plenamente la línea relacionada con las amenazas que Espinosa y Vera denunciaron antes de abandonar Veracruz, donde ambos aseguraron haber sido víctimas de hostigamiento y persecución.
Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, rechazó la hipótesis de que las víctimas coincidieran de forma fortuita en el inmueble donde fueron asesinadas y sostuvo que el crimen fue planeado.
"Cuando dos víctimas comparten el mismo perfil de riesgo como amenaza previa y persecución, su muerte conjunta se trata automáticamente como un acto dirigido y planificado, no como un encuentro fortuito", afirmó.
Alfaro acusó además a la FGR de abandonar el diálogo con las familias y de mantener abiertas líneas de investigación sin avances sustanciales.
"Hoy, 31 de julio del 2026, no venimos a pedir una audiencia, venimos a denunciar un abandono (...) Esta fiscalía ha fallado sistemáticamente en la investigación y ha existido violencia al omitir, retrasar, obstaculizar dentro de la misma", sostuvo.
También reprochó que la información que ha aportado sobre una posible línea relacionada con trata de personas haya sido desestimada por las autoridades.
"Están esperando que Yesenia se levante en la tumba para poder decirles que es verdad todo lo que yo he dicho", expresó.
A once años del caso Narvarte, organizaciones defensoras de la libertad de expresión insistieron en que el Estado mexicano mantiene una deuda pendiente con las familias de las cinco víctimas y reiteraron su exigencia de esclarecer plenamente el crimen y sancionar a todos los responsables.
(c) Agencia EFE