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Este 25 de octubre, María Corina Machado reapareció en una iglesia del estado Lara tras diez meses fuera de Venezuela y siete intentos fallidos de regreso. Llegó a Caracas esa misma noche, después de un recorrido de once horas por cinco estados, entre multitudes. Ahora, la pregunta es: ¿qué cambia en el proceso venezolano con la dirigente política con mayor respaldo popular de nuevo en Venezuela?
La respuesta resultará incómoda tanto para los que se apuntan a la euforia como quienes optan por el cinismo. El regreso de Machado no hace inevitable la transición, pero sí encarece mucho la falta de transición. Para entender por qué, hay que mirar lo que quieren los dos actores que hoy tienen poder real: Washington y la élite que gobierna en Caracas.
Washington quiere estabilidad, petróleo y un resultado que pueda presentar como un éxito antes de que termine el mandato de Donald Trump. Su hoja de ruta, expuesta el 26 de octubre por un alto funcionario del Departamento de Estado, prevé un nuevo Tribunal Supremo de Justicia antes de fin de año y un nuevo Consejo Nacional Electoral poco después. Luego, Delcy Rodríguez declararía la vacante presidencial, lo que abriría seis meses para elegir. El objetivo declarado es una elección cuyo perdedor reconozca que fue limpia. La palanca de Washington es el dinero: las licencias que mantienen en marcha la economía venezolana, que el secretario de Estado Marco Rubio ha recordado que puede usar si Caracas retrasa las medidas.
Para este escenario, la presencia de Machado era un riesgo. Washington le había desaconsejado volver y temía que la calle desbordara el proceso. Rubio advirtió que quien intentase "descarrilarlo" le estaría haciendo daño a Venezuela.
Pero el cálculo cambió. Los acuerdos petroleros firmados bajo la tutela estadounidense solo serán duraderos si los reconoce un gobierno legítimo. Es el caso del 17 campos por cien años. Y sin Machado dentro del proceso, ningún resultado sería legítimo. Ella lo entiende. En su primera rueda de prensa, prometió: "Todo contrato legalmente firmado se va a respetar", y pidió transparencia, no ruptura.
La élite que heredó el poder de Nicolás Maduro quiere tiempo, control de los cuerpos armados y garantías sobre su futuro. Su permanencia no descansa en la Constitución, sino en un arreglo con Washington. Los plazos constitucionales para suplir la ausencia de un presidente presuponen un mandato legítimo: noventa días de falta temporal, prorrogables por otros noventa.
Pero el mandato que heredó Delcy Rodríguez nació de la proclamación de Maduro tras la elección del 28 de julio de 2024, cuyas actas, custodiadas en Panamá, documentan la victoria de la oposición. Un gobierno sin legitimidad de origen difícilmente puede justificar su permanencia invocando los plazos de una Constitución que no respetó.
Esa es la debilidad que la hoja de ruta de Washington intenta convertir en salida. Le asigna a Delcy Rodríguez el papel de declarar la vacancia del cargo, es decir, de entregar con protagonismo lo que de otro modo le sería arrebatado. Ella ya se mueve en esa clave. El 29 de octubre aseguró que habrá elecciones pero sin dar fecha, y se presentó como la indicada para conducirlas: "Vengo del sistema que estamos transformando".
El regreso de Machado altera ese cálculo de dos maneras:
Encarece cualquier elección que la excluya, porque no cumpliría el estándar que fijó el propio Washington.
Agrava la paradoja central del momento: la misma popularidad que hace valiosa una elección es la que lleva al régimen a temerla. Cuanto más segura parezca su derrota, menos incentivos tiene para abrir el proceso. La investigación lo confirma: los gobernantes que esperan ser juzgados se aferran al poder.
Algunas afirmaciones de Machado merecen más atención de la que han recibido:
Su relación con la mesa de diálogo, de la que su partido, Vente Venezuela, no forma parte: "No obstaculizamos, estamos interesados en que tenga éxito". En la teoría de la negociación, quien negocia es más fuerte cuando tiene detrás a alguien que debe ratificar lo pactado y que no aceptará cualquier cosa. Es lo que se conoce como juego de dos niveles. Machado, fuera de la mesa y con respaldo masivo, fortalece a la delegación opositora en lugar de debilitarla.
El valor de la palabra empeñada. Preguntada por los acuerdos que ha suscrito la oposición, respondió: "Nosotros dimos nuestra palabra, nosotros cumplimos". En una negociación de salida, eso no es retórica. Antes de ceder, la élite gobernante necesita saber si lo que se le promete se cumplirá cuando ya no tenga poder para exigirlo. Esa credibilidad es el activo más escaso de cualquier transición, y solo puede ofrecerla quien tiene autoridad sobre los votantes.
Su posición sobre la justicia: "El país necesita justicia, no impunidad". Machado ha descartado la amnistía como "un proceso de revancha" y sostiene que la negociación es hoy "la mejor oportunidad que tiene el régimen". Tiene razón, pero la Constitución venezolana cierra la amnistía en caso de violaciones graves de los derechos humanos. Por tanto, la oferta tiene que construirse con otros instrumentos: verdad, penas reducidas por colaboración, debido proceso y espacio para que el chavismo compita como fuerza política. Sin esa oferta, la presión produce dilación o endurecimiento, no transferencia de poder.
El regreso no altera la estructura del veto. La vacancia, la anuncie Delcy Rodríguez o la declare la Asamblea que preside su hermano Jorge, depende de los mismos actores. Los magistrados los selecciona un comité donde pesan los diputados oficialistas, en un proceso que ya vivió una disputa en su primer día, y la última palabra la tiene una Asamblea Nacional en la que el partido de gobierno controla más del noventa por ciento. Y la inhabilitación de Machado sigue vigente.
Los próximos hitos son verificables: el cierre de postulaciones al tribunal el 11 de noviembre, la cuarta ronda de la mesa entre el 11 y el 15, y el nuevo tribunal a mediados de diciembre. Cada uno dirá más que cualquier discurso.
Washington tiene el dinero y la élite gobernante tiene las armas y las llaves de las instituciones. Pero ninguno de los dos tiene lo que hace duradero un acuerdo: la aceptación de quienes van a vivir bajo él.
Por eso, aunque el regreso de María Corina Machado no garantiza la transición, también hace imposible una estabilidad que la deje fuera. La pregunta ya no es si Machado podía volver al país, sino si alguien puede gobernar Venezuela sin ella. El petróleo se puede licenciar; la legitimidad democrática no.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.
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Benigno Alarcón no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.