El Gobierno de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición venezolana llegaron a un consenso poco frecuente: trabajar de forma conjunta para recuperar las 31 toneladas de oro que Venezuela mantiene depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde hace casi ocho años.
El Reino Unido dejó de reconocer al Gobierno venezolano en 2018, lo que en la práctica bloqueó el acceso a esos activos, hoy inmersos en una disputa judicial que aún no se resuelve.
Según el comunicado conjunto difundido el miércoles por ambas delegaciones, los fondos resultan necesarios para atender la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 6.000 muertos según los últimos balances.
El diputado Ramón López, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 que participa en las mesas de diálogo, explicó a un canal de televisión nacional que la liberación de esos activos estará condicionada a "toda la planificación necesaria y mecanismos de control", con un plan orientado a vivienda, centros de salud y escuelas en las zonas afectadas.
López precisó, además, que los recursos serían depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sometidos a auditorías con empresas internacionales, como condición para su desembolso.
El dirigente insistió en que el acuerdo no implica un canje entre la liberación del oro y una reforma del Tribunal Supremo de Justicia, tema que también se discutió en las mesas técnicas junto al fortalecimiento del Poder Judicial y el Poder Electoral.
La economía venezolana, ya deteriorada por años de mala gestión, corrupción y sanciones estadounidenses, sigue sintiendo el impacto de los terremotos. El banco central del país informó que el desastre contribuyó a que la inflación mensual subiera a 19,9% en julio, frente al 13,8% de junio, con una inflación anual estimada por economistas en torno al 575%.
La propia Rodríguez había escrito el mes pasado al rey Carlos para solicitar la liberación del oro depositado en Threadneedle Street. Una fuente de la oposición consultada por el 'Financial Times' señaló que se establecerán "mecanismos de transparencia" para evitar que los fondos "termine(n) siendo robado(s) por el Gobierno", y admitió que "no hay ingenuidad" respecto a la naturaleza del ejecutivo interino.
Por su parte, el Foreign Office británico aclaró que el Gobierno del Reino Unido no es parte en la causa judicial que determinará el control del oro, y reiteró su respaldo "a una transición democrática del poder en Venezuela que refleje la voluntad del pueblo venezolano". El Banco de Inglaterra, que espera una definición legal antes de liberar los lingotes, declinó hacer comentarios.
Las conversaciones se producen mientras Estados Unidos suspendió algunas sanciones a Venezuela y trabaja de cerca con Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro, para abrir a la inversión extranjera los recursos naturales del país.
Las mesas de diálogo no cuentan con la participación de María Corina Machado, la líder opositora más popular y ganadora del Premio Nobel de la Paz, que reside en Washington desde fines del año pasado y tuvo prohibido el regreso a Venezuela tras los terremotos. El proceso generó divisiones tanto en la oposición como entre los sectores más duros del oficialismo.
Tras la captura de Maduro, Venezuela ha ido recuperando de a poco el acceso a fondos internacionales, entre ellos 350 millones de dólares destrabados en julio de un tramo depositado en el FMI.
El Gobierno de Rodríguez también busca acceder a 4.600 millones de dólares en derechos especiales de giro, activos de reserva del FMI que los países miembro pueden canjear por otras monedas, algo que la oposición ya había aceptado en negociaciones previas y frustradas. Se estima que la deuda soberana del país ronda los 240.000 millones de dólares, lo que convertiría a la reestructuración en curso en la más grande de la historia.
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