CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en los ámbitos jurídico, electoral, académico y de la comunicación presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un escrito amicus curiae para aportar argumentos en el litigio relacionado con la identidad de la organización política Somos México.
El documento fue entregado en el marco del expediente SUP-RAP-182/2026, derivado de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó modificar la denominación "Somos México", el emblema "SOMOS MX" y los colores utilizados por la organización.
Entre los firmantes se encuentran José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; María del Carmen Alanís Figueroa, exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral; Luis de la Barreda Solórzano, jurista y académico; Sylvia Sánchez Alcántara, expresidenta de la Asociación Mexicana de Publicidad; Luis Almeida Herrera, diseñador gráfico, y Rubén Aguilar Valenzuela, especialista en comunicación institucional.
El escrito fue presentado bajo la figura de amicus curiae, expresión latina que significa "amigo de la Corte" y que permite a personas ajenas a un litigio aportar conocimientos especializados, argumentos o elementos de análisis para apoyar la deliberación judicial.
De acuerdo con el documento, las y los firmantes sostienen, desde una perspectiva independiente, que la resolución del INE se aparta de los requisitos previstos en la legislación electoral y plantean que la orden para modificar el nombre, emblema e identidad visual de Somos México debe quedar sin efectos.
Los promoventes argumentan que el caso no sólo involucra aspectos administrativos o de identidad gráfica, sino también criterios relacionados con la libertad de asociación política y derechos de participación ciudadana que podrían tener implicaciones para futuros casos.
Somos México destacó que la presentación del escrito fue una iniciativa independiente de especialistas y ciudadanos, sin que se trate de una acción promovida por la propia organización política.
También consideró relevante que expertos en derecho, comunicación y materia electoral hayan decidido participar en la discusión jurídica y llevar sus argumentos directamente ante el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país.