Donald Trump y Xi Jinping volverán a encontrarse a finales de septiembre. Esta vez, la cita será en Estados Unidos, cuatro meses después de reunirse en Beijing. Aunque la relación entre estos dos países ha encontrado algunos espacios de distensión, China continúa siendo un eje central de la política comercial estadounidense y diría que, por extensión, de la de México.
La semana pasada, la Oficina de Política Comercial y Manufactura de la Casa Blanca publicó un informe titulado "La gran estafa del transbordo" o The Great Transshipment Scam. El documento define el transbordo ilegal como el desvío de mercancías por medio de terceros países para ocultar su origen y evadir aranceles. Hay razones logísticas perfectamente legítimas para mover mercancías por terceros países, por ejemplo, es común que una empresa concentre mercancías en un centro logístico regional y desde ahí las redistribuya a distintos mercados. Sin embargo, Washington sostiene (con algo de razón) que, desde 2018, exportadores chinos han utilizado esta práctica con mucha mayor frecuencia.
México ocupa un lugar incómodo en el diagnóstico. El informe lo incluye, junto con Canadá, Japón, la Unión Europea y otros, entre los países donde el riesgo de transbordo convive con cadenas productivas altamente integradas. Identifica el corredor Guanajuato–Querétaro como posible punto de tránsito para motores y otros componentes eléctricos de origen chino.
Esto importa porque el transbordo es parte de la negociación política del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Hace unas semanas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quedó claro que Washington quiere saber no sólo dónde se ensambla un producto que pasa por México, sino de dónde vienen sus componentes, su tecnología y, crecientemente, su capital.
Como ha ocurrido con casi todo en la agenda bilateral, la presión empieza a ser efectiva. Recién trascendió que Hacienda y Economía evalúan nuevos aranceles y restricciones sobre ciertos productos chinos. La medida tendría lógica dentro de Plan México y de una estrategia de sustitución de importaciones, pero es ingenuo desvincularla de la negociación con Estados Unidos. Entre quienes seguimos el comercio internacional, desde hace tiempo es vox populi que la administración Trump no quitará el dedo del renglón chino.
Pero los aranceles son sólo una parte del arsenal. Ahora que la cancelación de visas está de moda, vale la pena reflexionar sobre su uso como herramienta de coerción. Aquí, las revocaciones conocidas han estado ligadas a asuntos de seguridad y corrupción. Sin embargo, en otros países de América Latina, Washington las ha utilizado como mecanismo de presión en disputas directamente vinculadas con el gigante asiático. El New York Times documentó esta semana varios casos como los de Costa Rica, por la exclusión de proveedores chinos de 5G; Chile, por un cable submarino hacia Hong Kong; y Argentina, donde una empresa eléctrica denunció amenazas de revocación de visas por ampliar sus vínculos con Huawei.
Por décadas, las reglas de origen descansaron en la idea de que era posible determinar con relativa facilidad la nacionalidad económica de una mercancía. Las cadenas globales de valor desdibujaron esas fronteras y, hoy, la rivalidad con Beijing las ha transformado en un asunto geopolítico. De ahí que veamos mayores exigencias de contenido regional, restricciones sobre componentes estratégicos y reglas cuyo destinatario implícito es China.
Marcelo Ebrard insiste en que la apuesta de México debe ser América del Norte. A mi juicio, hace bien. Pero la discusión no es sólo cuánto producimos en la región, sino también cuánto de China es aceptable dentro de aquello que calificamos como "norteamericano".