Latinoamérica defiende colaboración público-privada para atraer inversión y generar empleo

Madrid, 4 nov (EFE).- Varios ministros latinoamericanos y representantes del sector empresarial han coincidido en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada, garantizar la seguridad jurídica y simplificar los trámites administrativos para favorecer la inversión, impulsar el crecimiento económico y generar empleo.

Así lo han explicado durante su participación en el panel titulado "Estado y empresa: una agenda compartida de diálogo público-privado", que se ha celebrado en el marco del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano que esta semana tiene lugar en Madrid.

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, ha insistido en la importancia de la colaboración del sector público y el privado para desarrollar políticas públicas en materia industrial, y ha explicado que ésta debe considerarse como una política de Estado para que sobrevivan otros gobiernos.

En el Gobierno de Paraguay tratamos de "ser amigos del sector privado y nos gusta cuando ellos ganan dinero", ya que "ese es el mayor incentivo para la atracción de inversión y la generación de empleos", ha añadido.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Christian Morales Burgos, ha apostado por la certidumbre, la previsibilidad y el establecimiento de "reglas claras" -tanto en el ámbito impositivo como en el jurídico- para que los inversionistas interesados en este país tengan la certeza de que los capitales que invierten "van a ser totalmente respetados".

Otro de los asuntos que ha destacado el ministro de Inversiones de la República de Honduras y secretario ejecutivo del Centro Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, ha sido la simplificación de la burocracia, ya que en ocasiones un empresario está dispuesto a invertir pero se encuentra con que "falta una licencia municipal o una evaluación ambiental".

En su opinión, se debe entender que "el Estado no tiene que dirigir cada decisión empresarial ni el empresario puede pedir que se eliminen controles", sino que "ambos deben de cumplir su papel con mucha seriedad".

Además, ha querido hacer hincapié en que los países latinoamericanos tienen "grandes oportunidades, recursos, talentos y gente joven" y que se debe dar participación a los proveedores locales para que la distribución de la riqueza "sea más equitativa, más democrática".

Durante su intervención, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, ha explicado que en su país se está tramitando una ley que "lo que va a hacer es simplificarle la vida a la persona que llega con dinero a Colombia a invertir" y también ha dejado claro que se ha declarado la guerra a la corrupción, por lo que "si un funcionario pide alguna contraprestación a algún inversionista será llevado a la cárcel".

"Desde el Estado tenemos la obligación de brindarle todas las garantías a los empresarios para que su dinero esté a salvo", ha remarcado Gómez.

En el ámbito empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), Susana Jiménez, ha destacado "la importancia de una colaboración genuina, pública y privada, que aliente y promueva el crecimiento, la inversión y el empleo".

Ha añadido que en los países se debe poner el foco en la competitividad, un término que es "muy importante para la inversión" porque "abarca la certeza jurídica y la estabilidad de las reglas del juego".

Juan Carlos Navarro, representante del ámbito empresarial de Ecuador, ha remarcado que el sector privado y el Gobierno "no somos enemigos naturales", sino que ambas partes deben entenderse para alcanzar "su objetivo común" que es "sacar adelante al país".

"Nueve de cada diez empleos en Ecuador son generados por el sector privado, es importante entenderlo, que el empresario no es el opresor, no es el malo de la película, sino todo lo contrario", ha añadido, al tiempo que ha lamentado que en el país solo el 37 % del empleo es formal y el 60 % permanece en la informalidad.

A su juicio, es el momento de actualizar las leyes laborales, que datan del siglo pasado y no están adaptadas a las condiciones actuales, y también la formación, para que se adapte a las nuevas necesidades de las empresas. EFE

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