CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30 (EL UNIVERSAL).- México registra 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas, más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en las morgues y, desde 2010, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas, de acuerdo con cifras citadas por Amnistía Internacional (AI) con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La cifra de personas desaparecidas corresponde al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualizado al 29 de agosto de 2026, mientras que el recuento de agresiones contra buscadores fue documentado por la organización civil Artículo 19.
Amnistía Internacional señaló en un comunicado que la conmemoración del 30 de agosto ocurre en uno de los momentos de mayor visibilidad nacional e internacional de las crisis de desaparición, búsqueda e identificación forense que atraviesa el país.
Durante los últimos 20 años, las familias han exigido al Estado mexicano buscar a las personas desaparecidas y avanzar en la identificación de decenas de miles de cuerpos que permanecen bajo resguardo de instituciones forenses.
Pese a que México cuenta con una legislación que ordena la creación de instituciones para prevenir las desapariciones, buscar a las víctimas e investigar los casos, la organización aseguró que esas dependencias no están ofreciendo resultados.
Ante esa situación, las familias han recurrido a organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos para solicitar cooperación y asistencia técnica para el Estado mexicano.
"A mediados de septiembre, la comunidad internacional podría abordar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la grave crisis de desapariciones que enfrenta México. Se trata de una oportunidad histórica para el Estado mexicano, que podría acceder a mecanismos de cooperación técnica y financiera", declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana.
Agregó que la posible intervención también representa una oportunidad para que la comunidad internacional contribuya a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
En marzo de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, dentro de un procedimiento iniciado en 2014.
El 4 de abril de 2026, el Comité hizo pública su decisión de solicitar al secretario general de Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de México a la Asamblea General, a fin de que ésta considerara medidas para apoyar al país en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.
El 12 de mayo, el secretario general transmitió a la Asamblea General la carta de la Presidencia del CED.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el Comité concluyó que la información presentada por familiares de víctimas, organizaciones civiles y el propio Estado contiene indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La evaluación del organismo internacional se basó en la existencia de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, registrados en diferentes periodos y regiones del país.
Amnistía Internacional señaló que en las desapariciones han participado agentes del Estado, organizaciones criminales y particulares. Como ejemplos mencionó el caso del Rancho Izaguirre, conocido en marzo de 2025, y la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
"Desde Amnistía Internacional acompañamos las exigencias de las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México para que el Estado cumpla con su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas e investigue de manera expedita y efectiva cada caso y se les haga justicia", manifestó Olivares Ferreto.
La directora ejecutiva de la organización pidió reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos y advirtió que la mayoría de quienes realizan esas labores son mujeres expuestas a amenazas, agresiones y condiciones económicas precarias.
También solicitó que las buscadoras sean reconocidas como defensoras de derechos humanos y puedan recibir protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
"Ante la inacción del Estado en las labores de búsqueda, ellas han sido capaces de localizar, con magros recursos, cientos de cuerpos en fosas localizadas a lo largo del país", sostuvo.
En el informe "Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México", publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional documentó amenazas de organizaciones criminales, revictimización y estigmatización por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como enfermedades y dificultades económicas entre las buscadoras.
Ese mismo mes, la organización puso en marcha la campaña #BuscarSinMiedo, mediante la cual exige a las autoridades garantizar la integridad física, psicológica y emocional de las mujeres; facilitar su acceso a medidas de protección; investigar las agresiones cometidas en su contra y establecer apoyos médicos, psicológicos y legales.
Como parte de la campaña, colectivas de buscadoras y activistas pintaron el 22 de agosto de 2026 una sección del muro fronterizo en Playas de Tijuana, con la colaboración del artista plástico Enrique Chiu.
Amnistía Internacional indicó que en abril de este año desapareció la buscadora Cecilia Acosta Ramblas, quien días después fue localizada sin vida. En junio fue asesinada Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, quien se había sumado a las labores de búsqueda después de la desaparición de su hermana en Guanajuato, en 2021.