El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió este domingo elevar la presión contra el gobierno de Nicaragua para evitar que excluya a la oposición, como propone una reforma constitucional que será aprobada el próximo 21 de septiembre.
La reforma, impulsada por los copresidentes, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, busca establecer mandatos de siete años renovables y restringe la participación electoral de opositores considerados por las autoridades "traidores a la patria".
La OEA aprobó el 19 de agosto una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión "urgente" de cancilleres en Washington que debata acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. Todavía no hay fecha para esta cita.
"Esperamos que los ministros, además del simbolismo, puedan tomar decisiones individuales, colectivas, para castigar, para ejercer más presión sobre Nicaragua", dijo Ramdin durante una entrevista con el medio nicaragüense en el exilio Confidencial.
"Es importante que (...) todos rechacen esta idea de que un gobierno, elegido de manera dudosa, puede determinar cuáles son los derechos del pueblo", añadió.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
Ramdin afirmó que la presión contra el gobierno de Nicaragua puede ser "económica", en "términos de vuelos", en "apoyo político o participación en organizaciones internacionales".
"Hay muchas formas, corresponde a los Estados miembros decidir, pero esta es una oportunidad", agregó.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, afirmó el sábado que el día 21 de septiembre el Órgano Legislativo, controlado por el oficialismo, aprobará la reforma constitucional, que deberá ser ratificada el próximo año en una nueva votación.
Porras ha adelantado durante el proceso de consulta sobre el texto con sectores afines al oficialismo que todos aquellos que el gobierno considere "golpistas" o "traidores a la patria" no podrán presentarse a elecciones.
El proyecto también endurece las restricciones políticas para quienes las autoridades consideren vinculados a las protestas de 2018, "responsables de promover sanciones internacionales o de menoscabar la independencia, soberanía y autodeterminación del país".
Según Ramdin, el objetivo de la presión es obligar al gobierno de Nicaragua a "iniciar una discusión sobre una transición hacia una democracia plena" y hacia unas elecciones "creíbles y accesibles para todos los nicaragüenses, en libertad y con resultados justos".
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