El domingo un vehículo con explosivos fue detonado a distancia frente a instalaciones policiales en Ojocaliente, Zacatecas. El ataque dejó 10 heridos, entre ellos dos policías, afectó 17 viviendas y dañó 13 vehículos oficiales.
El gobierno de Zacatecas atribuyó el atentado al CJNG y lo relacionó con una detención realizada el sábado. Las autoridades de ese estado han evitado llamarlo "coche bomba", pero el hecho es que a distancia se detonó un vehículo con explosivos para atacar a una corporación policial.
El uso de explosivos no es nuevo. Los grupos criminales utilizan desde hace años drones para arrojarlos, minas artesanales y otros artefactos, especialmente en zonas donde disputan territorios y rutas. Lo ocurrido en Zacatecas obliga a preguntar si están aumentando el uso y la sofisticación de estos artefactos y si las policías locales están preparadas para enfrentarlos.
Mientras esto ocurre, buena parte de las armas de los cárteles continúa llegando desde Estados Unidos. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, se interceptaron 210 armas procedentes de Texas y presuntamente destinadas a organizaciones criminales: 195 largas y 15 cortas. Tres personas fueron detenidas.
El origen no sorprende. En 2024 México envió 25,884 armas a las autoridades estadounidense para su rastreo y 18,249, el 70.5%, fueron identificadas como de origen estadounidense. Texas sobresale: entre 2017 y 2021, 14,216 armas recuperadas en México y rastreadas hasta un comprador estadounidense habían sido adquiridas en ese estado: 43% del total.
García Harfuch también informó que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 30,000 armas. Parece una cifra enorme hasta compararla con el tráfico estimado. El gobierno mexicano calcula que cada año entran ilegalmente desde EU más de 200,000. Si ese ritmo se mantuvo durante los casi 23 meses de este gobierno, habrían cruzado unas 383,000. Los 30,000 decomisos equivaldrían a cerca de 8%. Por cada arma asegurada podrían haber entrado otras 12. La comparación no es exacta porque enfrenta decomisos registrados con una estimación, pero permite apreciar la magnitud del problema.
Para reunir las 210 armas alguien tuvo que comprarlas, pagarlas, almacenarlas y transportarlas. Si procedían de Texas, ¿quién las compró?, ¿en cuántas armerías?, ¿se utilizaron prestanombres?, ¿qué controles fallaron?, ¿cuántos responsables serán procesados en EU? Los números de serie deberían permitir que el gobierno de EU reconstruya al menos parte de esa cadena y determine dónde y cuándo fueron vendidas.
Donald Trump exige que México impida que fentanilo y otras drogas crucen hacia su país. Tiene razón. Pero la responsabilidad compartida funciona en ambas direcciones. Su gobierno también debe impedir que las armas lleguen a las organizaciones criminales que exige que México combata.
México debe explicar qué está haciendo para impedir que los cárteles acumulen armas y explosivos. EU debe informar cuántos traficantes de armas hacia México detiene, procesa y condena. Trump exige resultados contra las drogas que llegan a su país. México debe exigirle lo mismo respecto de las armas que cruzan en sentido contrario.
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