Quito, 1 sep (EFE).- Familiares de personas desaparecidas presuntamente por militares durante el "conflicto armado interno" que se declaró en Ecuador en 2024 exigieron este martes al Gobierno que les entregue información sobre los operativos en los que, aseguraron, se llevaron a sus parientes y que colabore con las investigaciones de la Fiscalía.
Los denunciantes llegaron con carteles y fotos de los desaparecidos hasta los exteriores del Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo y residencia presidencial, en Quito, para exigir respuestas después de dos años de búsqueda.
"Estamos buscando justicia. Lo único que pedimos al ministro (de Defensa, Gian Carlo) Loffredo y al presidente (Daniel Noboa) es que nos puedan decir dónde están nuestros familiares, ¿por qué se los llevan? ¿cuál es el motivo?", dijo Diana Roca, tía de Dave Loor, quien desapareció el 26 de agosto del 2024, en el municipio de Ventanas, en la provincia de Los Ríos.
"Existe un informe militar donde el capitán afirma que su patrulla se lo llevó, pero hasta el momento no tenemos los nombres de la patrulla que participó en este operativo. Llevamos dos años de dolor, de sufrimiento, de agonía, de noches sin dormir, de preguntarnos: ¿qué pasó? ¿por qué se lo llevaron?", añadió Roca.
Como ella, familiares de otras 52 personas denuncian desapariciones perpetradas supuestamente por militares en el marco de los sucesivos estados de excepción decretados por Noboa desde que declaró en 2024 un "conflicto armado interno" para iniciar una "guerra" contra los grupos criminales, a los que se atribuye el alto índice de violencia que se registra en el país andino.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a veintiséis de estas familias y solicitó al Estado ecuatoriano que entregue inmediatamente toda la información disponible que permita conocer el paradero de los desaparecidos, al incluir la que pida el sistema de justicia.
Sin embargo, Bastias aseguró que el Ministerio de Defensa "le ha dicho a la Comisión Interamericana que no va a entregar" la información sobre las operaciones militares.
Por tal motivo, los denunciantes han presentado ante la Corte Constitucional una petición de cumplimiento de la medida cautelar para que el ministro Loffredo entregue lo solicitado. "La consecuencia de nuevamente incumplir esa disposición es la destitución del cargo", afirmó el abogado.
Los familiares también tienen previsto presentar ante la alta corte una "demanda de desclasificación", para que no se nieguen a entregar la información bajo el argumento de que está clasificada, aunque el letrado aseguró que la Constitución impide esa reserva cuando se trata de casos de violaciones a los derechos humanos.
Bastias afirmó que por el momento conocen de estos 53 casos, pero que no dudan de que puedan existir más, ya que las desapariciones han sido inicialmente investigadas como involuntarias y retipificadas a forzadas después de que se hizo pública la desaparición de cuatro menores afrodescendientes a manos de militares, a finales de 2024, y se condenó a los implicados.
"Las familias han formado un comité que será permanente hasta que todos aparezcan, y el siguiente paso será ver a los responsables con sus respectivas sanciones", confluyó el defensor.
(c) Agencia EFE