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La crisis por las desapariciones en México llegó esta semana a la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, una primicia incómoda para la diplomacia mexicana.
Expertos consultados por DW coinciden en que, pese a algunas reformas, las medidas adoptadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no han dado resultados suficientes y llaman a aceptar el apoyo de la comunidad internacional.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés), con sede en Ginebra, concluyó que existen "indicios bien fundados" de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas "de manera generalizada y sistemática" contra la población civil, que podrían constituir "crímenes de lesa humanidad".
En el país hay oficialmente más de 131.000 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que se disparó en 2006, tras el inicio de la guerra contra las drogas, y 52.000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes.
Pero no se trata solo de cifras: "Detrás de cada víctima hay una familia que sufre", destaca Michael Chamberlin, etnólogo y especialista en derechos humanos.
Como ejemplo, menciona a dos madres de Coahuila que viajaron a Nueva York y llevan 16 años buscando, respectivamente, a su esposo y a su hijo. Una de ellas todavía no tiene más que una carpeta de investigación sin avances.
"En aquellos años, los cárteles se llevaron a muchos hombres de entre 20 a 30 años para trabajar como sicarios o mano de obra", explica Chamberlin.
Acción de protesta contra la violencia hacia las mujeres y su desaparición forzada, en una imagen de archivo. (Ciudad de México).Alberto Garcia/picture alliance/Photoshot
Organizaciones de derechos humanos también documentaron la colusión de policías municipales, autoridades estatales y algunas empresas con el crimen organizado para hacer desaparecer a personas.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, coincide con el diagnóstico de la ONU.
"Es cierto que en México la desaparición de personas es sistemática. No todas tienen que ver con el Estado, pero muchas están relacionadas con la colusión entre el crimen organizado y las autoridades, o con una impunidad de casi el 100 por ciento", afirma.
A su juicio, los hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad, como sostiene el comité.
El Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum rechazó el informe de la ONU y negó la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas.
En Nueva York, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, reiteró la colaboración de México con organizaciones y aliados internacionales para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación e investigación.
También destacó que la estrategia nacional de búsqueda permitió localizar a más de 16.000 personas durante 2026.
Vista aérea de una manifestación de protesta contra la impunidad por las desapariciones forzadas de personas en México. (2025).Rodrigo Oropeza/AFP
Chamberlin reconoce que el Gobierno ha tomado algunas medidas. "Pero no vemos resultados", critica.
Las instituciones encargadas de responder a la crisis tienen deficiencias de personal y capacidades técnicas. "Tenemos un sistema nacional de búsqueda, sí, pero se ha reunido dos veces en los últimos ocho años", señala.
Y cuestiona las cifras oficiales de localización: "Están localizando datos, o sea, que se pagó algo a nombre de esa persona. Pero eso no significa que localicen a las personas".
Morera también critica la distancia entre las reformas legales y su aplicación.
Aunque se han modificado las leyes, sostiene que la Comisión Nacional de Búsqueda no responde adecuadamente a las necesidades de las familias, que siguen buscando por sus propios medios.
"Es atroz que la gente tenga que ir con picos y palas a buscar a sus familiares", afirma la experta.
A ello se suma la acumulación de restos humanos sin identificar en servicios médicos forenses y fiscalías.
Según Morera, ha habido casos de madres que buscaban a sus hijos sin saber que sus restos ya habían pasado por una fiscalía.
La creación de un banco nacional de ADN quedó pendiente, y el centro forense impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura, se quedó sin personal y equipamiento suficientes.
Para Chamberlin, el problema se agrava por la impunidad. "Es un mensaje que permite a los responsables seguir cometiendo ese delito", advierte.
El Estado conoce desde hace dos décadas las deficiencias del sistema sin corregirlas, lo que, en su opinión, genera una "responsabilidad por omisión".
Morera atribuye parte de esa parálisis a la falta de reconocimiento político del problema.
A su juicio, el Gobierno evita admitir no solo las desapariciones, sino también otros delitos graves, como los homicidios, los feminicidios y la extorsión.
"Tenemos muchas leyes avanzadas, pero a la hora de la verdad no se llevan a la práctica", cuestiona.
Manifestación de familiares y seres queridos de personas desaparecidas en México. (Archivo).Rodrigo Oropeza/AFP
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no establece sanciones automáticas por ser llamado a comparecer ante la Asamblea General. El presidente del CED, Juan Pablo Albán, explicó en una entrevista con el programa Aristegui Noticias que el mecanismo no tiene una finalidad punitiva, sino que busca colaborar con los Estados para mejorar sus políticas públicas. "Déjense ayudar", fue su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Morera considera que reconocer la magnitud de la crisis permitiría fortalecer los mecanismos de búsqueda y recuperar la confianza pública.
En su opinión, la confrontación con los organismos internacionales solo agrava el aislamiento de México, mientras que aceptar las deficiencias y comprometerse a corregirlas abriría una vía para obtener resultados concretos.
Para las familias, el tiempo perdido no se recupera. Morera espera que la presión internacional obligue al Estado a actuar: "Ojalá las instancias internacionales logren ponerle un alto y se vea forzado a crear un laboratorio forense y a hacer que funcione el sistema de búsqueda."
Construir un sistema de justicia y verdad es importante, destaca la experta, para ayudar a cerrar el círculo de dolor.
(cp)
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