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Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997), fue detenido este miércoles (04.11.2026) en la ciudad de Guayaquil, en un operativo internacional en el que participaron agentes de Estados Unidos.
El operativo también dejó como resultado la captura en Panamá del exalcalde de la ciudad ecuatoriana de Manta, Jaime Estrada Bonilla (2009-2014), y su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta del correísmo.
Además, también se arrestó en Guayaquil a otras dos personas, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.
Los cinco detenidos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
La operación fue coordinada entre Ecuador y Panamá, con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Gobierno estadounidense en Interpol.
"Estas acciones forman parte de la cooperación internacional contra la estructuras del narcotráfico y permitieron poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia Estados Unidos", escribió el ministro en su cuenta de X.
Los rumores del arresto de los políticos manabitas se difundieron el pasado martes en redes sociales, pero fueron desmentidos por fuentes del movimiento político Sí Podemos a diferentes medios locales.
Estrada Bonilla es ahora candidato de nuevo a la Alcaldía de Manta para las elecciones del 29 de noviembre de este año; mientras que a su hijo, que intentó presentarse a la prefectura de Manabí, le rechazaron la inscripción.
La detención del hijo de Bucaram se produce casi dos meses después de que un tribunal ecuatoriano le condenara a él y a su padre a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, en un caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar el covid-19 en la pandemia.
Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que los acusó de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos.
Tras conocerse la sentencia, el expresidente tildó de "ridículo" al fallo porque aseguró que todo se trató de un "acuerdo entre privados", del que no tenían obligación de mostrar facturas, y aseguró que recurriría la decisión judicial.
"Sancionar con nueve años a un expresidente por una compra de 60.000 dólares en un acuerdo entre privados... Irregular es todo lo que roban en los gobiernos anteriores y no hay sentencia", mencionó.
mg (efe, El Comercio)