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El Gobierno venezolano ha aprovechado la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid para reclamar que se levanten las sanciones que todavía pesan sobre el país, pero lo ha hecho sin su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que sigue sancionada por la UE y finalmente no ha viajado a España.
Fue su nuevo canciller, Oliver Blanco, quien intervino este jueves en la sesión plenaria, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales ante diez jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los 22 países de la comunidad iberoamericana. Blanco se refirió a las sanciones impuestas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, algunas de las cuales se han flexibilizado en los últimos meses, y aseguró que Venezuela ha entrado en una "nueva etapa de transformación democrática".
Para sostener la petición, el canciller citó el diálogo con la oposición, la excarcelación de presos políticos y los avances en pluralidad informativa, y apeló al acompañamiento de la región. Según 'La Prensa de Lara', también habló de las negociaciones entre el Gobierno encargado y la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, y anunció que el país tendrá un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a finales de 2026. En el capítulo económico, dijo que Caracas prepara cambios en las leyes de minería e hidrocarburos, menos burocracia y una actualización del sistema tributario.
Rodríguez asumió la presidencia interina en enero, después de que Estados Unidos capturara a Maduro. Washington retiró sus sanciones contra ella el 1 de abril. En la UE la situación es distinta. España pidió formalmente en febrero que Bruselas levantara las suyas, pero la petición no ha prosperado. Rodríguez figura en la lista europea desde junio de 2018, y el régimen sancionador fue prorrogado en diciembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2027.
La oposición venezolana ha hecho oír su voz en la misma cumbre. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia firmaron este jueves la Declaración de Madrid, un comunicado conjunto que Machado difundió en su cuenta de X.
El texto arranca con el pésame a España, al rey Felipe VI y a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), y con un agradecimiento por la acogida a cientos de miles de venezolanos. Valora los avances de la cumbre en cooperación digital, reducción de riesgos, asistencia en desastres y movilidad académica, pero sostiene que esas metas pierden sentido si la libertad, la democracia y los derechos fundamentales no se asumen como condición previa.
Condenan a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua y escriben que "no estamos representados en cumbres como la de esta semana en Madrid", en referencia a los ciudadanos de esos tres países.
La parte política del comunicado es el calendario. Machado y González recogen que, según la Secretaría de Estado de Estados Unidos, una vez designadas las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, previstas para finales de 2026, debe declararse la falta absoluta del presidente y convocarse presidenciales en los seis meses siguientes.
Lo avalan como vía razonable para recuperar el orden constitucional y señalan que ese plazo se acerca al 24 de julio, natalicio de Simón Bolívar, fecha propuesta por aliados internacionales y por el movimiento ciudadano venezolano. El TSJ es precisamente el organismo cuya renovación a finales de año anunció Blanco en su intervención.
El comunicado termina con una propuesta: que Caracas acoja la Cumbre Iberoamericana de 2030 "en una Venezuela libre, soberana y democrática".