En un contexto geopolítico mundial marcado por la extracción de minerales críticos necesarios para la transición energética, la red de organizaciones de la sociedad civil Fair Finance International (FFI, por sus siglas en inglés) se ha reunido en Bogotá (Colombia) para analizar la responsabilidad de los bancos e inversores en los impactos ambientales y sociales de los proyectos que financian.
La elección del país sudamericano, que ha acogido por primera vez estas jornadas, celebradas del 7 al 10 de septiembre de 2026, no es fortuita. "Decidimos organizar el evento en Bogotá, porque Colombia es un país crítico en la transición justa. Tiene muchos hidrocarburos y, al mismo tiempo, es un país muy afectado por el cambio climático", explica a DW Kess Kodde, coordinador del proyecto a nivel mundial de Fair Finances International. Kess recuerda a DW el papel de Colombia en la organización de la Primera conferencia de transición más allá de los combustibles fósiles, que se llevó a cabo en abril de 2026 en Santa Marta.
"Es un país con un alto nivel de inversión extranjera, en sectores en los que se han documentado graves violaciones a los derechos humanos", complementa Jenny Ortiz, investigadora del Cinep, una de las organizaciones que forma parte de esta red mundial de coaliciones de la sociedad civil que busca que las instituciones financieras se responsabilicen de sus decisiones de financiación e inversión.
"Colombia tiene la particularidad, junto a otros países de la región, de que es un país en el que históricamente el conflicto es atravesado por la violencia armada. Es necesario continuar visibilizando lo que está pasando", agrega a DW, por su parte, Christian Torres, coordinador del área de Conflictos Mineros de Censat Agua Viva, otra de las organizaciones coorganizadoras del evento junto Cinep y Oxfam Colombia.
"Las decisiones financieras no son neutras, cada inversión puede contribuir a profundizar las desigualdades y las crisis que enfrentan las sociedades o pueden convertirse en una herramienta para garantizar derechos, proteger los territorios y avanzar hacia una economía más justa", asegura a DW Jenny Gallego, responsable del Programa Influyente de Oxfam Colombia.
Gallego recalca asimismo la importancia de los minerales críticos en otros sectores además de la energía, como la defensa, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. "Vemos que la demanda creciente de estos recursos está aumentando la presión sobre territorios y comunidades, y que las grandes operaciones mineras requieren importantes flujos de capital", lamenta.
Sin ir muy lejos, el evento trató del caso de la mina de carbón a cielo abierto de El Cerrejón, en el departamento colombiano de La Guajira, "un proyecto que ha extraído por más de cuatro décadas carbón térmico y de ese porcentaje es nulo lo que ha quedado", recuerda Torres, criticando el denominado extractivismo fósil. "Los minerales del subsuelo terminan siendo enviados a otros territorios y en los territorios donde son extraídos no dejan ningún beneficio, más bien afectaciones históricas", lamenta.
"Allí hay grandes conflictos con los pueblos indígenas que sufren de sequía y de aire y agua muy contaminada por la mina de carbón. La empresa suiza Glencore es propietaria de esta mina y Deutsche Bank está implicado como inversor en Glencore", añade Kess Kodde, que recuerda que, en el marco del evento, también se trató otro caso propiedad de la misma empresa en Perú.
Mina de Antapaccay en Perú. Otro ejemplo de la región sobre el que se ha hablado en el evento organizado por Fair Finance International, una iniciativa que pretende incidir en el sector inversor para que impulse iniciativas financieras más justas.Sofía Yanjarí/DW
"Es una mina de cobre que se llama Antapaccay, cerca de Cusco, que está causando muchísima contaminación", explica, subrayando que se han detectado metales tóxicos en la sangre en muchos habitantes de la zona. "Hicimos varias investigaciones sobre el impacto de la mina, y después organizamos una gira por Europa con la gente de Perú para dialogar con los inversores y los bancos que estaban financiando Glencore. También hablaron con Deutsche Bank en Alemania", recuerda Kodde.
Según él, esta acción tuvo un impacto positivo, ya que "los inversores de compañías de seguros y fondos de pensiones escribieron varias cartas a Glencore para preguntar y para pedir que se mejoraran sus prácticas". No obstante, "las conversaciones con UBS en Suiza, con ING en Holanda y con Deutsche Bank en Alemania fueron un poco frustrantes porque después no hubo retroalimentación", reconoce el coordinador global de Fair Finance International.
Así, Kodde puntualiza que, mientras que "los inversores son más transparentes sobre lo que hacen, es muy difícil saber qué hacen los bancos". A pesar de ello, recalca el papel que llevó a cabo el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que presionó a una minera con un proyecto de litio en Minas Gerais para dejar de intimidar a la sociedad civil que no estaba de acuerdo con el mismo y que fue amenazada por la empresa con un litigio.
"Ese es un ejemplo de que hacer incidencia a través de un banco es algo que puede ayudar, porque a veces las empresas son muy intimidantes, pero, obviamente, las empresas sí escuchan al banco de quien recibe financiamiento", afirma, subrayando que Brasil es uno de los países que participa, hace más de una década, en un ranking que elabora periódicamente la Fair Finance International. La clasificación sirve para ordenar por sostenibilidad los bancos en cada país, teniendo en cuenta 250 criterios.
"Comparamos las políticas de financiación de los bancos con estándares internacionales para averiguar hasta qué punto los integran", dice Kodde. El coordinador de Fair Finance International apunta al hecho de que si el banco obliga a las empresas financiadas por él a identificar los riesgos para los derechos humanos en su cadena de valor o a tener un objetivo de reducir sus emisiones, entre otros.
Por otro lado, desde Oxfam Colombia recuerdan el papel más allá de la financiación que tienen los actores financieros y bancos multilaterales. "También participan en el diseño técnico de programas enfocados en las comunidades y políticas en la transición energética en la Amazonía, por ejemplo. Por ello es clave que se cuente con mecanismos claros de participación, acceso a la información y salvaguardas para contemplar los mecanismos de financiamiento directo con las comunidades, negociando y trabajando junto con las comunidades", asegura Gallego.
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(ms)