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Caracas, 5 nov (EFE).- Un grupo de activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos pidió este jueves ayuda a Estados Unidos para liberar a los presos políticos en Venezuela, durante una concentración a las afueras de la Embajada del país norteamericano en Caracas.
"Nuestra exigencia aquí es que Estados Unidos, que está tutelando a Venezuela, que nos ayuden, que nos escuchen. (...) No vamos a descansar hasta que liberen hasta el último de los presos políticos", dijo a EFE Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca.
Asimismo, aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "no está liberando a los presos políticos como ella le dice a los Estados Unidos", dado que en el país hay 322 detenidos por estos motivos, según cifras de la ONG Foro Penal.
Por su parte, María Altagracia Spiezia Vásquez, hermana del preso político José Alberto Vásquez, exigió justicia para todos los detenidos que fallecieron bajo custodia del Estado, así como para aquellos familiares que murieron a la espera de que sus parientes salieran de prisión.
Este grupo de familiares asegura que lleva unos 150 días a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir al Gobierno de Donald Trump su ayuda para la liberación de los presos políticos en Venezuela.
El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco, a quien instó "a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela", según un comunicado.
En agosto pasado, Delcy Rodríguez aseguró que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde enero de 2026, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un ataque militar en Caracas.
Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado ordenó un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año. El Parlamento, de mayoría chavista, también aprobó en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.
El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.