El Gobierno nicaragüense es responsable de la muerte de al menos ocho personas detenidas por motivos políticos desde 2018, entre ellas el hermano del presidente Daniel Ortega y el líder indígena miskito Brooklyn Rivera, según un nuevo informe de expertos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dijo que el Gobierno de Ortega y la copresideenta Rosario Murillo ha utilizado "la desaparición forzada como arma para aplastar a la disidencia y controlar a la población", según un comunicado de la oNU que presenta el informe.
El informe, titulado "Anatomía de la crueldad estatal", analiza 17 casos de desapariciones de un total de 161 documentadas desde 2018 y señala que 29 personas continúan desaparecidas.
"La democracia es como una casa. Las elecciones son su tejado. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son sus cimientos. Sin esos cimientos, el tejado no puede mantenerse en pie", dijo Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, en el comunicado.
"Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo su custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble", agregó.
Los expertos concluyeron que Ortega y Murillo ejercen un control centralizado sobre instituciones como la Policía, las prisiones y los tribunales, y señalaron que dichas estructuras están vinculadas a los abusos documentados en el informe.
CNN contactó al Ministerio del Interior de Nicaragua para solicitar comentarios sobre los hallazgos del informe y espera respuesta.
Uno de los casos analizados es el de Rivera, de 73 años, fundador del partido indígena YATAMA y exdiputado. Según los expertos, permaneció detenido durante casi tres años, incluidos "períodos prolongados de desaparición forzada", antes de que las autoridades anunciaran su muerte el 31 de mayo de 2026.
El grupo de la ONU asegura que revisó cinco declaraciones públicas del Gobierno sobre el deterioro de su salud y su muerte, así como un informe médico independiente. Los expertos dijeron que las versiones oficiales eran "contradictorias entre sí, médicamente incoherentes en aspectos fundamentales y que no podían verificarse debido a la ausencia de una investigación independiente o autopsia".
El Gobierno de Nicaragua atribuyó la muerte de Rivera a complicaciones de salud y sostuvo que había recibido atención médica durante su enfermedad.
El líder miskito Brooklyn Rivera (derecha) durante una conferencia de prensa junto a Stedman Fagoth, en Managua, Nicaragua, en mayo de 1988. - Lou Dematteis/REUTERS
"A pesar de los enormes e intensos esfuerzos que médicamente se realizaron para recuperar la salud de nuestro Hermano Brooklyn, cuyo deterioro físico y neurológico es consecuencia de una bacteria generada por el virus COVID 19, lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este Plano de Vida", señaló el Ministerio de Salud en un comunicado el 31 de mayo de 2026.
Los expertos, sin embargo, señalaron que el Gobierno no había aportado pruebas suficientes para descartar su responsabilidad por la muerte de Rivera mientras estaba bajo custodia.
"El Gobierno de Nicaragua le quitó a Brooklyn Rivera su libertad, luego su salud y, por último, la vida", dijo Reed Brody, miembro del grupo de expertos en el comunicado que presenta el informe. "Su explicación de lo sucedido está plagada de inconsistencias, y se ve empañada por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa por enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él", añadió Brody.
El informe también identifica entre las personas fallecidas bajo custodia a Humberto Ortega, hermano distanciado del presidente, y a otros seis detenidos por motivos políticos.
El Gobierno de Nicaragua dijo que Humberto murió el 30 de septiembre de 2024 en el Hospital Militar de Managua "después de una prolongada gravedad" pero no detalló una causa específica.
El ministro de Defensa de Nicaragua, Humberto Ortega, durante la ceremonia por el aniversario de la Fuerza Aérea Sandinista, en Managua, el 1 de agosto de 1989. - Lou Dematteis/REUTERS
El grupo señala que las condiciones de detención, la falta de acceso a servicios de salud y la vulnerabilidad de los detenidos fueron factores relevantes en los casos analizados.
Nicaragua atraviesa una prolongada crisis política desde las protestas de 2018, cuando una ola de movilizaciones contra el Gobierno fue reprimida por las autoridades. Desde entonces, el grupo de expertos de la ONU ha documentado detenciones y desapariciones de opositores y críticos del Gobierno que copresiden Ortega y Murillo, así como casos de aquellos que han sido expulsados del país, despojados de su nacionalidad o a quienes se les ha prohibido regresar al país.
Los expertos pidieron a Managua revelar "de inmediato" el paradero de las 29 personas que continúan desaparecidas, liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.
También solicitaron entregar los restos de Rivera a su familia y comunidad para que puedan realizar los ritos funerarios de acuerdo con la tradición miskita.
El informe se presentó junto con una actualización oral del grupo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los expertos señalaron que el anuncio realizado hace dos meses por Ortega de que no habrá nuevas elecciones en Nicaragua "solo subraya lo que este informe documenta: el desmantelamiento sistemático de los derechos y libertades de los que depende la gobernanza democrática".
A principios de septiembre, tras el anuncio de Ortega, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad una reforma constitucional que amplía de 5 a 7 años el mandato presidencial, por lo que las elecciones generales, previstas para noviembre de 2026, pasarían a celebrarse en noviembre de 2027.
"El Grupo ya ha dejado constancia oficial de nombres, estructuras y pruebas", señaló Ariela Peralta, miembro del grupo de expertos, en el comunicado que presenta el informe. "Los gobiernos y las fiscalías en todo el mundo disponen de los elementos necesarios para actuar, exigiendo responsabilidades dónde se pueda".
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