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Bogotá, 6 nov (EFE).- La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, manifiesta en una entrevista con EFE que el Gobierno del país "no tiene como prioridad los derechos humanos" al analizar sus decisiones en materia de seguridad.
Esta abogada constitucionalista de 49 años cree que el Ejecutivo encabezado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, está empleando un "falso debate" que contrapone la lucha contra los grupos armados y la delincuencia organizada en el país con la defensa de los derechos humanos.
Argumenta que "Colombia requiere una política de seguridad dada la situación de orden público y de derechos humanos para las regiones y para la gente", pero cuestiona el papel que se les está otorgando a estos últimos en dicha estrategia.
"Hay un falso debate entre seguridad y derechos humanos. Porque cuando la política de seguridad no respeta los derechos humanos, la fuerza pública se puede convertir en un factor de riesgo e inseguridad y nadie quiere eso. Estoy segura de que el Gobierno no quiere eso", señala.
Afirma que cuando se llama la atención sobre esas cuestiones, desde el Gobierno "se las minimiza", porque se las ve como "un obstáculo".
"Ese enfoque puede ser contraproducente para el propio Gobierno y los resultados que quiere", advierte.
Marín ha criticado en los apenas tres meses del nuevo Gobierno el bombardeo de campamentos de la guerrilla donde puede haber menores y las imágenes del presidente paseando entre cuerpos embolsados de presuntos guerrilleros o participando en redadas con pistola al cinto.
En su opinión, que un menor reclutado a la fuerza por una guerrilla acabe muriendo en un bombardeo del Estado resulta trágico a nivel país. "Es como la foto final de nuestro fracaso como sociedad", sentencia Marín.
Pero las advertencias de la defensora del pueblo han ido más allá, al señalar también los recortes al derecho a la protesta, el proyecto de fumigaciones de cultivos ilícitos con productos tóxicos, la retirada de obras de arte del Museo Nacional o los riesgos derivados de emitir nuevas concesiones mineras y petroleras.
Marín explica que, con el cambio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo hizo un análisis para evaluar los potenciales cambios de política y los "riesgos para los derechos humanos" que podía generar el nuevo Ejecutivo.
A su juicio, el cambio más preocupante que ha percibido en los últimos meses es el que afecta al "pluralismo democrático", un término que aglutina tanto los derechos de las comunidades indígenas que se ven afectadas territorial o medioambientalmente por una nueva concesión minera, como a los derechos de quien pretende reivindicar en una manifestación cuestiones laborales.
Marín defiende que en Colombia hay "diferentes visiones del país" y que el Gobierno no debe favorecer una en concreto, sino lograr "las garantías para que todas puedan expresarse y tener derechos".
Juan Palop