El Gobierno de República Dominicana anunció este viernes el cierre de su Embajada en Nicaragua mientras "persistan" la ausencia de libertades y la creciente concentración de poder en manos de los codirigentes del país centroamericano, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El ministro de Exteriores dominicano, Víctor –Ito– Bisonó, aseguró que el país no reabrirá su legación diplomática en Managua "hasta tanto persistan las condiciones" que afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos en dicho territorio.
Bisonó, que realizó el anuncio durante un encuentro de ministros de Exteriores de países de la Organzación de Estados Americanos (OEA), defendió la medida alegando que desde Santo Domingo "no queremos que al mirar atrás se diga en el futuro que no supimos estar a la altura de las circunstancias".
"Numerosos países de la región han atravesado en distintos momentos de su historia períodos de dictadura y autoritarismo", recordó, apuntando a la necesidad de "reforzar el compromiso colectivo con la defensa de las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos de las Américas".
La decisión llega después de que el Ejecutivo nicaragüense anunciara a principios de septiembre el cierre de su Embajada en Santo Domingo, tras semanas de tensiones entre los dos países, con República Dominicana llamando a consultas a su embajadora en Managua por la suspensión de elecciones adoptada por Ortega.
El mandatario afirmó a mediados de julio que no volverá a haber elecciones en Nicaragua, país que gobierna desde 2007 y acusó a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público, apuntando además a que impulsará leyes para consolidar su permanencia en el poder.
Los países de la OEA, reunidos en Washington, han emitido este mismo viernes una resolución manifestando su "profunda preocupación" por el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua, incluidas la "represión sistemática" de libertades por parte de sus autoridades, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, los "frecuentes" casos de tortura, la retirada de nacionalidad, "exilio forzoso", entre una larga lista de abusos por parte del Estado.
Así, han pedido a Managua la adopción de "medidas inmediatas, concretas y verificables" con vistas a revertir la situación, restableciendo el espacio cívico, poniendo fin a las represalias; liberando a "todos" los presos políticos; restableciendo las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica; garantizando la separación de poderes y estableciendo las condiciones para la celebración de elecciones "libres, justas e inclusivas".