Washington, 2 oct (EFE).- Estados Unidos dejó este viernes "todas las opciones sobre la mesa" para responder al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que exige a Nicaragua celebrar elecciones y liberar a los presos políticos.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, explicó que la resolución propone volver a reunirse en noventa días, después del trabajo de la delegación encargada de dar seguimiento a la situación, y que su país mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para exigir cuentas a Managua.
Segura dijo que es evidente que Ortega "no tiene voluntad de negociar" al poner como ejemplo la decisión de rechazar a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, una diplomática de carrera que había sido nominada por el presidente Donald Trump.
A juicio de Segura, esa decisión demuestra que Managua "no quiere tener un diálogo serio" y contrasta con el esfuerzo de Washington por "mantener un canal diplomático profesional con el país".
El texto, aprobado por unanimidad en la OEA, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango.
La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".
Nicaragüenses en riesgo de deportación
Segura fue cuestionado sobre si la Administración Trump podría evitar la deportación de ocho nicaragüenses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero remitió la cuestión a esa agencia y al Departamento de Seguridad Nacional, al señalar que el caso no le corresponde al Departamento de Estado.
De acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), siete de los ocho detenidos forman parte de los 222 presos políticos que el Gobierno de Ortega y Murillo expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras declararlos "traidores" y despojarlos de su nacionalidad.
El caso se produce en un contexto de aumento de las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos.
Según un análisis de HRW de datos de ICE, más de 6.300 ciudadanos nicaragüenses fueron deportados a su país entre enero y julio de este año, casi el doble que en el mismo periodo de 2025, mientras que más de 1.100 han sido enviados a terceros países desde enero de 2025.
(c) Agencia EFE