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México se posiciona como el segundo país a nivel mundial con mayor prevalencia de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, además del primer lugar global en consumo de pornografía infantil. En este escenario, el sector de los viajes y el turismo se ha consolidado como uno de los principales focos donde se facilita este delito.
Ante este contexto, el Congreso de la Unión realizó una serie de reformas a la Ley General de Turismo, aprobadas ya por ambas cámaras. Los cambios incorporan de manera específica las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de dicha ley.
La reforma que vio luz en el Senado de la República este 7 de octubre establece obliga a hoteles, moteles, alquileres digitales y empresas de transporte turístico a solicitar documentos oficiales a cualquier adulto que viaje con menores de edad. El objetivo es comprobar el parentesco, la patria potestad, la tutela o la custodia legal, todo como una vía para frenar el turismo sexual que involucra a este grupo de la población.
Si la persona adulta no presenta la identificación o documentación requerida, los establecimientos y empresas tienen la obligación inmediata de negar el servicio. Asimismo, deberán reportar el caso de manera oportuna a las autoridades investigadoras ante la sospecha de un delito.
La nueva ley exige además implementar protocolos y acciones preventivas diseñados por las autoridades para detectar situaciones de riesgo en medios físicos y electrónicos. Con ello se busca frenar a delincuentes que se trasladan a centros vacacionales haciéndose pasar por turistas para contactar a menores.
Estas medidas responden a un panorama crítico expuesto en los diagnósticos del dictamen que aprobaron los senadores esta semana. Estimaciones del DIF Nacional señalan que alrededor de 17,000 menores sufren explotación sexual en al menos 22 entidades del país.
Además, informes del mismo organismo reportan que más de 16,000 niñas y niños están atrapados en la prostitución, concentrados sobre todo en destinos turísticos. A esta situación se suma que, de cada 100 carpetas de investigación por este delito, solo una concluye en sentencia.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México estima que el 36% de los clientes o agresores proviene del extranjero. Entre los países con mayor presencia figuran Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania.
La reforma ya había sido aprobada también por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2025, por lo que, tras el aval del Senado, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación. Los cambios entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de los cambios en el Diario Oficial de la Federación.