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El tribunal de paz de Colombia imputó este martes a diez exguerrilleros de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad contra pueblos indígenas, informó en un comunicado el órgano judicial.
Tres exjefes y siete mandos medios de la otrora poderosa guerrilla enfrentan cargos por actos supuestamente cometidos entre 1996 y 2016 en la amazonía y la orinoquía de Colombia, bastiones rebeldes históricos.
Están involucrados en "crímenes relacionados con el exterminio, asesinato, desaparición forzada, tortura, persecución, desplazamiento forzado, empleo de minas antipersonal contra cinco pueblos indígenas", dice un comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC.
El tribunal juzga los peores crímenes cometidos por los diferentes actores del conflicto colombiano con penas alternativas a la cárcel.
Este caso investiga los hechos violentos que afectaron a más de 10.000 indígenas en zonas remotas de Colombia, víctimas recurrentes del conflicto.
Entre los crímines más atroces la JEP destaca una masacre de 1997, cuando guerrilleros ingresaron a un resguardo Korebajü en Caquetá (sur) y asesinaron a siete autoridades y comuneros anotados en una lista en una libreta.
"Fueron señalados de colaborar con el enemigo (grupos rivales o fuerza pública)", apunta el documento.
El ente señala la dificultad de las comunidades para acceder a servicios básicos de salud y educación debido al terror sembrado por el grupo ilegal.
También el impacto en su vida diaria por la implantación de minas antipersona, las restricciones a la movilidad y la destrucción de ecosistemas.
En septiembre de 2025, la JEP emitió sus primeras sentencias contra la antigua cúpula de las FARC por secuestro y contra exmilitares por el asesinato de casi 7.900 civiles.
Los exjefes guerrilleros ya empezaron a cumplir su condena con la participación en la excavación en cementerios en búsqueda de miles de desaparecidos en el conflicto.
El tribunal de paz advierte que podría quedar "inoperante", incapaz de emitir y hacer cumplir sentencias, si se aprueba el millonario recorte de sus fondos impulsado por el gobierno del derechista Aberlardo de la Espriella en el Congreso.
als/dga