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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció el lunes 12 de octubre una propuesta para endurecer las normas de convivencia en los colegios públicos del país, con medidas que incluyen la expulsión de estudiantes involucrados en casos graves de violencia, la prohibición del maquillaje y el cabello teñido, y restricciones al uso de celulares en las aulas.
Los lineamientos, presentados junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, buscan combatir el acoso escolar y recuperar el orden en las instituciones educativas, antes de entrar en vigencia y después de recibir aportes de la sociedad civil.
"El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas", afirmó Fujimori durante un acto en el colegio Felipe Santiago Estenos, ubicado en Chaclacayo. La mandataria sostuvo que las agresiones entre estudiantes y las conductas que pongan en riesgo la integridad de niños y adolescentes requieren medidas correctivas.
La propuesta establece sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas y contempla la expulsión como una medida final para determinados casos de violencia. También plantea que los estudiantes denuncien las situaciones de acoso ante los docentes y las autoridades educativas.
"Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos pero también obligaciones", señaló la presidenta. Sobre los dispositivos electrónicos, confirmó que "los artículos electrónicos y celulares están prohibidos, salvo autorización del profesor".
Los lineamientos clasifican las faltas escolares en tres niveles: leves, graves y muy graves. La categoría determina las medidas correctivas que podrían aplicarse a los estudiantes.
Faltas leves: incluyen las distracciones durante las clases y las conductas que interrumpan la atención de otros alumnos.
Faltas graves: contemplan el uso indebido de celulares, más de tres tardanzas injustificadas durante un bimestre, daños a la propiedad escolar, agresiones físicas leves sin lesiones y comportamientos que vulneren la intimidad o la dignidad de otras personas.
Faltas muy graves: abarcan el acoso escolar, la violencia sexual, la discriminación, las amenazas, las extorsiones, el porte o uso de armas, el robo, la difusión de información privada y la promoción o venta de sustancias prohibidas.
Las medidas correctivas previstas van desde amonestaciones verbales o escritas hasta la reparación de daños, restricciones temporales para participar en actividades y separación temporal del aula. También se contemplan suspensiones de hasta tres días hábiles, matrícula condicional y, como última medida, la expulsión.
En estos últimos casos, las familias podrán solicitar una reconsideración dentro de los tres días hábiles siguientes, mientras que la institución educativa tendrá cinco días para resolver la solicitud.
Fujimori defendió el restablecimiento de esta medida frente a los casos de violencia reiterada. "Vamos a reinstalar las expulsiones. Los más malcriados no estarán en las aulas", manifestó durante la presentación.
La propuesta también busca reforzar la respuesta frente al bullying y el acoso sexual. La mandataria aseguró que el Gobierno no permitirá estas conductas y pidió que sean denunciadas ante las autoridades correspondientes.
Las nuevas disposiciones incluyen reglas sobre la apariencia personal de los estudiantes. El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que se restringirán el maquillaje, las uñas pintadas, el cabello excesivamente largo o teñido y las faldas escolares que no cumplan con las medidas establecidas.
"No se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados, que el uso de las faldas escolares tengan una medida adecuada", indicó Chang.
Según el ministro, estas reglas serán aplicables a todas las instituciones públicas, mientras que los colegios privados podrán establecer sus propias disposiciones internas sobre presentación personal.
Una vez publicada la norma, las instituciones educativas dispondrán de 30 días para adaptar sus documentos de gestión a los nuevos lineamientos.
En cuanto a los celulares y otros dispositivos electrónicos, su utilización quedará restringida durante las clases, salvo que el docente autorice su uso. El manejo de estos elementos también figura entre las conductas que pueden dar lugar a sanciones cuando incumplan las reglas escolares.
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La presentación de las medidas se produjo después de la indignación generada en Perú por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, ocurrida cuando varios alumnos viajaban en un autobús escolar el pasado 15 de septiembre.
Por este caso, un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes. Los implicados estudiaban en el Liceo Naval Almirante Guise, institución administrada por la Marina de Guerra, y fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en el distrito de San Miguel.
La denuncia también motivó que se conocieran otros episodios de presunto acoso y violencia en centros educativos, así como señalamientos sobre posibles conductas racistas y clasistas en una institución administrada por la Marina.
Tras los hechos, el Gobierno ordenó reorganizar el Liceo Naval Almirante Guise y entregar su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año. Chang afirmó que la medida ha permitido recuperar "el orden y la disciplina" en el establecimiento.
La legislación peruana contempla mecanismos para apartar a un estudiante del colegio donde ocurrieron hechos violentos, aunque la figura no equivale necesariamente a excluirlo de todo el sistema educativo.
Entre las herramientas existentes está el denominado traslado de oficio, que permite reubicar al alumno en otro entorno educativo, como un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), con el propósito de facilitar el acompañamiento pedagógico y psicológico que necesite.
La propuesta del Gobierno busca establecer un marco de sanciones que incluya la expulsión en los casos previstos, con criterios de gradualidad y un procedimiento para revisar la decisión. Antes de su entrada en vigor, los lineamientos recibirán aportes de la sociedad civil.
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