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No más maquillaje ni cabello tinturado en las escuelas públicas. El gobierno peruano pretende imponer un reglamento que es criticado por organizaciones feministas y de derechos humanos.
La presidenta conservadora Keiko Fujimori presentó el lunes este código de disciplina dirigido a los centros públicos de primaria y secundaria, que también impone el pelo corto para los varones.
"El orden no solo debe reinar en las calles, también debe volver a nuestras escuelas, a nuestras aulas", declaró la mandataria durante la visita a una escuela de la periferia de Lima.
Fujimori promueve una política de mano de hierro frente a la delincuencia, ante la ola de extorsiones que golpea a los peruanos.
El nuevo reglamento de disciplina será publicado en la gaceta oficial antes de entrar en vigor probablemente a finales de año, según el Ministerio de Educación.
Entre las medidas que incluirá el futuro reglamento figuran la restitución de las notas de disciplina, la expulsión de los alumnos por las faltas más graves, así como la prohibición de los teléfonos móviles salvo autorización del profesorado.
"Hay límites, hay derechos, pero también obligaciones (...). Los chicos deben llevar el pelo corto. Está totalmente prohibido teñirse el cabello o maquillarse", añadió Fujimori.
El ministro de Educación, José Chang, también anunció la prohibición del esmalte de uñas e indicó que las faldas de los uniformes escolares deberán respetar una longitud considerada "adecuada".
El gobierno sostiene que con estas medidas pretende combatir el acoso y la violencia sexual en la escuela.
Pero para las organizaciones feministas Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, "controlar aspectos como el cabello o el maquillaje no previene ni las agresiones sexuales ni otras formas de violencia escolar".
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales las restricciones a la apariencia de alumnos y dijo que se trataba de medidas "populistas y autoritarias".
Una vez el reglamento sea publicado, correrá un plazo de 30 días para que los ciudadanos presenten sus eventuales objeciones y críticas antes de que entre en vigor.
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