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Hay dos temas que mantienen en constante alerta a las empresas de capital estadounidense asentadas en el país, la eventual implementación de la jornada laboral de 40 horas y las trabas que sigue generando la reforma en materia de subcontratación.
De ahí que estos dos ejes centraron la conversación durante la reciente reunión entre la cúpula de la American Chamber de México y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.
Entrevistado al respecto, Alberto Alesi, director para México de ManpowerGroup y asistente a dicha mesa de diálogo, relató las fricciones cotidianas que enfrentan los grandes corporativos al intentar conciliar el cumplimiento de las normas con la operatividad de sus inversiones en territorio nacional.
Detalló que la falta de flexibilidad en el marco legal vigente ha comenzado a restar dinamismo a la formalización del empleo y a la atracción de nuevos proyectos, mismos que deciden llevar sus inversiones a otros lugares.
Uno de los aspectos más críticos se observa en la imposibilidad de consolidar en México los centros de servicios compartidos, ya que las firmas globales del sector tecnológico y manufacturero han frenado la apertura de estas estructuras administrativas o de soporte técnico para sus filiales internacionales debido a la incertidumbre sobre la interpretación de la actividad preponderante para registrarse como Servicios Especializados.
"Esta cautela jurídica ha provocado que proyectos diseñados para generar miles de plazas formales terminen por instalarse en otros países con esquemas regulatorios más adaptables", comentó el directivo de México de ManpowerGroup.
A este escenario se suma la complejidad que representaría la reducción de la jornada laboral en industrias con esquemas de operación continuos o atípicos, como la minería o el sector agroindustrial.
"En el caso del campo, la ausencia de una figura clara para la contratación de trabajo temporal durante las etapas de cosecha limita los avances en la formalización de la mano de obra, exponiendo a los exportadores a sanciones en el marco de compromisos comerciales como el T-MEC", detalló Alesi.
Frente a las autoridades laborales, encabezada por Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, la representación empresarial enfatizó la conveniencia de explorar mecanismos reglamentarios o criterios de interpretación específicos por sector que reconozcan las particularidades de cada industria. "Garantizar certidumbre jurídica resulta indispensable para evitar que la rigidez normativa comprometa la competitividad del país y la llegada de inversiones estratégicas", dijo.