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El Banco Central de Paraguay amplió este lunes la devolución de depósitos del intervenido Ueno Bank, mientras que la Fiscalía anunció gestiones con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear posibles bienes y fondos desviados en el escándalo financiero que provocó la destitución del presidente Santiago Peña.
El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia. Tres días después, Peña fue destituido mediante un juicio político en el Senado y quedó en prisión preventiva. Su entonces vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia.
La Fiscalía informó que busca localizar y asegurar bienes en el extranjero para repatriarlos y compensar a los afectados por la caída de Ueno Bank, que perjudicó a unos tres millones de ahorradores, equivalentes a la mitad de la población de Paraguay.
"Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", señaló el Ministerio Público en un comunicado.
Pedro Alliana fue denunciado por presuntos vínculos con Ueno Bank, pero la Fiscalía no lo ha imputado (Foto: AFP).
Desde el jueves, cerca de 1.2 millones de personas recuperaron un total de 168 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central. Este lunes comenzó la entrega de anticipos de hasta 20 mil dólares a clientes con depósitos superiores a esa cantidad, así como a quienes mantienen deudas con la institución, a quienes se les descontarán los pagos vencidos.
Sin embargo, el fondo de garantía de depósitos no cubrirá devoluciones superiores a 36 mil dólares por cuenta, lo que mantiene la incertidumbre sobre el destino de recursos públicos que estaban depositados en Ueno, entre ellos los del Instituto de Previsión Social, encargado de administrar las jubilaciones.
"Santi Peña se fue, quedó Alliana, tenemos confianza de que tome cartas en el asunto y saque a todos los delincuentes que robaron nuestros aportes jubilatorios", declaró a la AFP María Fernández, de 62 años, durante una protesta de docentes realizada el lunes en Asunción.
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Aunque Alliana fue denunciado en la misma causa que Peña por presuntos vínculos con Ueno, no ha sido imputado y la Cámara de Diputados desistió de promover un juicio político en su contra. La Fiscalía acusa al exmandatario de utilizar su influencia para favorecer al banco digital, de apenas tres años de operación, en cuyo grupo controlador mantuvo acciones hasta 2025.
Las investigaciones señalan que Peña habría favorecido el ingreso de millones de dólares en recursos públicos a la institución y ocultado o minimizado sus problemas financieros, pese a recibir advertencias sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.
Personas protestan frente al Congreso de Paraguay por la crisis de Ueno Bank, en Asunción (Foto: AFP).
La Fiscalía intenta abrir una bóveda de seguridad descubierta el domingo durante un cateo en la residencia de verano de Peña, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. "No pudimos terminar con la labor que estábamos realizando justamente porque encontramos una bóveda de seguridad" de "alta complejidad", explicó el lunes la fiscal Silvia González, quien adelantó que regresarán al inmueble con el equipo necesario para abrirla.
Los investigadores también analizan solicitar la colaboración de Leticia Ocampos, esposa de Peña, para desbloquear la bóveda, informó el fiscal Christian Benítez al diario ABC. Otra posibilidad que se considera es realizar una detonación controlada. De acuerdo con la investigación, la mansión fue financiada parcialmente con préstamos de Ueno, cuyas mensualidades equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.
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La tarde del lunes, el Ministerio Público también realizó un cateo en la residencia del expresidente en Asunción, constató la AFP. Además, fueron inspeccionadas una sede de Ueno Bank y la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, quien también permanece en prisión preventiva y está imputado en el caso.
La Fiscalía mantiene dos investigaciones: una contra Peña y Carvallo por sus presuntos vínculos con Ueno y otra relacionada con los directivos de la institución bancaria, ocho de los cuales se encuentran detenidos.
Trabajadores de las distintas empresas del Grupo Vázquez, propietario de Ueno y que emplea a unas 6 mil personas, protestaron para exigir el desbloqueo de sus cuentas y la posibilidad de buscar nuevos empleos. "Me preocupa llegar a fin de mes, no tener para pagar mis cuentitas, mis cuotas", comentó a la AFP Larisa Koenig, quien hasta la semana pasada trabajaba en la empresa tecnológica ITTI Digital, perteneciente al grupo.
Por su parte, docentes se movilizaron para exigir la recuperación de los fondos jubilatorios depositados en Ueno. La protesta, convocada por sindicatos, provocó la suspensión de clases.
El presidente Pedro Alliana se reunió con representantes sindicales y mostró disposición para atender sus demandas. "Bastante colaborativo y seguro de que es posible la devolución de los montos" de la seguridad social, describió a la AFP Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores, tras el encuentro.
Aunque reconoció que existen decepciones por experiencias anteriores, Resquín dijo que los sindicatos darán un "voto de confianza" al nuevo gobierno, pero advirtió: "Si se rompe esa confianza nosotros vamos a salir a la calle".