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Tras mantener un bloqueo pacífico por más de 36 horas en la carretera México-Toluca, iniciado la mañana del martes 20 de octubre, el colectivo de personas buscadoras Mariposas Buscando Justicia y Corazones logró una serie de acuerdos como resultado de una mesa de diálogo con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes.
Su protesta, señalaron, obedeció al agotamiento y fallo sistemático de los cauces institucionales ordinarios para la localización de sus personas queridas desaparecidas. Subrayaron que en el transcurso de la manifestación implementaron un esquema de apertura parcial de carriles de 10 minutos cada hora y garantizaron el paso preferencial e inmediato a vehículos de emergencia, ambulancias, insumos médicos y personas con requerimientos de atención de salud.
"Durante nuestro bloqueo, demostramos la empatía que el Estado nos niega. Mantuvimos aperturas de carriles cada hora por más de 10 minutos y permitimos el libre paso a ambulancias, personas enfermas, transporte de medicamentos, personas que acudían a citas médicas, adultos mayores y a quienes necesitaban asistir, a familiares con discapacidad. Toda urgencia fue atendida de manera inmediata", subrayaron en conferencia de prensa la tarde de este jueves.
Familiares de desaparecidos cerraron ambos sentidos de la vía a la altura de Lerma. Foto: Cuartoscuro
A lo largo del desarrollo de la protesta, las personas manifestantes documentaron diversos episodios de agresión física y verbal, así como falta de acompañamiento perimetral por parte de elementos de seguridad pública.
El martes 20 de octubre se reportó la incursión de un civil que agredió físicamente a una integrante del colectivo y provocó daños materiales al vehículo de otra de las participantes. Tras el incidente, se identificaron las placas del automóvil del agresor con el propósito de iniciar formalmente la carpeta de investigación ante las autoridades.
Luego, durante la jornada del miércoles 21 de octubre, automovilistas retiraron de forma violenta lonas explicativas y boletines de búsqueda colocados sobre la vía pública. Las familias señalaron que la intervención de la policía municipal que acudió al lugar derivó en actos de intimidación hacia las propias manifestantes.
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"Para ellos simplemente podrán ser lonas y pedazos de plástico, pero para nosotros son los rostros de nuestras personas amadas", reprocharon. Ante la reiteración de agresiones físicas perpetradas por civiles durante el cierre vial, el colectivo recalcó la necesidad de sancionar los hechos.
"En el Estado de México existe una alerta de violencia de género, y creo que el señor (agresor) en algún momento debería de saberlo. Cuando uno insiste tanto en que no nos agreda y un hombre es constante, creo que sí, en este caso sí es necesario abrir una carpeta para que esto no quede impune, porque la violencia de género existe en todo el país", añadieron.
Los compromisos a los que el colectivo llegó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contemplan la reestructuración de los procesos de atención al público y el fortalecimiento de las investigaciones.
Entre las medidas inmediatas se pactó el cese de la revictimización, la depuración administrativa y la aplicación de sanciones a los agentes del Ministerio Público que hayan incurrido en malas prácticas. Además, se determinó la reestructuración del área de atención al usuario bajo supervisión directa.
Para evitar la dispersión de funciones operativas, también se acordó la creación de un área de litigio específica, cuyo objetivo central es liberar a los agentes investigadores del Ministerio Público de cargas procesales ajenas a la localización de personas.
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Al mismo tiempo, se pactaron mesas de trabajo periódicas e individuales con cada familia para revisar las inconsistencias en sus carpetas de investigación y evaluar el desempeño de mandos y titulares ministeriales. En materia de difusión y memoria, la institución garantizó que no se retirará ninguna ficha de búsqueda fijada en las instalaciones de las fiscalías locales.
Por otro lado, las familias de los colectivos serán convocadas para participar de manera activa en la discusión del diseño y estructura del nuevo panteón forense para personas sin identificar.
En el ámbito de la atención integral a las familias afectadas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México asumieron compromisos de carácter presupuestal y de salud.
El acuerdo estipula la garantía de la suficiencia presupuestal para el mantenimiento de las búsquedas y el ajuste en los calendarios de dispersión de los apoyos sociales. Específicamente, la entrega de programas sociales se recalendarizó para que ocurra de forma efectiva a principios de cada año y no a mediados, además de la agilización en el otorgamiento de becas escolares para las víctimas indirectas.
Bloqueo de madres buscadoras en la México-Toluca suma 30 horas. Foto: Cuartoscuro
En el ámbito sanitario, se determinó la canalización médica ágil para la atención inmediata del deterioro físico y los padecimientos derivados de los procesos prolongados de búsqueda.
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México aceptó, por otro lado, homologar e intensificar sus protocolos operativos mediante planes de búsqueda inmediatos y articulados, que deberán integrar análisis de contexto y mapeos oportunos sustentados en una coordinación efectiva con las células de género y los mandos policiales municipales.
En cuanto a las acciones de difusión, se evaluará la implementación de pantallas digitales de gran formato en puntos estratégicos para la exhibición masiva de boletines de localización. Además, la Comisión se comprometió a entablar reuniones de sensibilización con las presidencias municipales de la entidad a fin de frenar la remoción arbitraria de cédulas de búsqueda por parte de autoridades locales.
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"No damos nada por cumplido hasta haberlo realizado. Ninguna familia a la que le falta un ser querido debería verse obligada a bloquear una carretera y a arriesgar su integridad física para recibir la atención que por derecho le corresponde", apuntaron las integrantes del colectivo respecto a lo que vendrá tras los acuerdos.
A esto se suma que esos compromisos no eliminan las deficiencias estructurales e insuficiencias en el número de personal asignado a las tareas de investigación. Durante el diálogo con el fiscal general, el colectivo exigió formalmente duplicar o triplicar el número de agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y personal técnico pericial.
La autoridad ministerial argumentó limitaciones en la disponibilidad de recursos presupuestales, frente a lo cual las familias sugirieron la conformación de un frente común ante el Congreso local para gestionar la ampliación de partidas financieras.
Las manifestantes hicieron notar la ausencia reiterada de líneas de tiempo en las carpetas de investigación, lo que impide verificar la secuencia cronológica y la efectividad de las diligencias realizadas desde el momento del reporte inicial. También señalaron omisiones persistentes por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y comisiones locales en la entrega oportuna de planes de búsqueda acordados.
"Sí quiero pedirle a las instituciones, al gobierno, que no sean tan ausentes. Desde nuestros gobiernos estatales como federales, no sean tan ausentes. Porque no saben ustedes cuántas vidas están destruyendo. Y no solo lo hablo por nuestro familiar que no existe. Una familia puede tener hasta 10 núcleos. No destruyen una familia. Destruyen muchas familias con su falta de empatía, con su falta de profesionalismo, con su falta de actuar", sostuvieron.
El colectivo recordó que no debe existir un plazo mínimo de espera, como el supuesto de las 72 horas, pues hoy las instituciones tienen la obligación legal de iniciar las carpetas y protocolos de búsqueda de manera inmediata. "Eso también es lo que hace falta. La información hacia la ciudadanía para que pueda agilizar el encuentro con su familiar", pidieron.
El Colectivo Mariposas Buscando Justicia y Corazones y las autoridades acordaron realizar una mesa de trabajo de seguimiento durante la semana que viene para auditar el avance concreto de los compromisos formalizados en el pliego petitorio. Las familias advirtieron que, en caso de detectar retrasos o incumplimientos injustificados, reanudarán acciones de protesta e interpondrán recursos legales.