El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitó que la Asamblea General de las Naciones Unidas considere la situación de las desapariciones en México.
Según un comunicado emitido este 2 de abril, el organismo internacional decidió escalar el análisis del caso mexicano al máximo órgano deliberativo de la ONU, en el marco de los mecanismos previstos por la convención internacional en la materia.
Este procedimiento es excepcional y se utiliza cuando el comité considera que existen elementos suficientes para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la gravedad o persistencia de desapariciones forzadas en un país.
Dicho anuncio se dió en un contexto en el que el comité también difundió informes sobre otras naciones, como Ecuador, Irak, Malawi y Samoa, además de pronunciamientos sobre casos específicos, como el de Tailandia, donde expertos de la ONU denunciaron la falta de justicia en desapariciones ocurridas décadas atrás.
La decisión sobre México implica que la situación será evaluada a nivel de la Asamblea General, lo que podría derivar en recomendaciones o resoluciones dirigidas al Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de desapariciones.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado del que México es Estado parte.
Hasta el momento, autoridades mexicanas han manifestado desacuerdos con los señalamientos del comité, al considerar que no reflejan la situación actual del país ni los avances institucionales recientes en la materia.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez respaldó la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de llevar la situación de México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al considerar que se trata de una resolución “histórica” que evidencia la gravedad de la crisis de desapariciones en el país.
En un posicionamiento difundido a traves de redes sociales, la organización señaló que el comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, al concluir que existen “indicios bien fundados” de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Por otro lado, el Centro Prodh criticó la reacción del gobierno mexicano, que calificó el informe como “tendencioso”, al considerar que esta postura “no está a la altura de la crisis” y reproduce un patrón de descalificación hacia organismos internacionales.
“La disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido”, señaló la organización.
Finalmente, sostuvo que la resolución del comité constituye “la evaluación más contundente” sobre el desempeño del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, la cual —afirmó— se ha extendido a lo largo de al menos cuatro administraciones federales.