El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lamentó que el Estado mexicano haya calificado como “tendenciosa” el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Esta reacción no está a la altura de la crisis y replica un patrón de descalificación a organismos internacionales cuando sus evaluaciones develan la realidad de los derechos humanos en México. (…) Esta reacción no está a la altura de la crisis y replica un patrón de descalificación a organismos internacionales cuando sus evaluaciones develan la realidad de los derechos humanos en México, señaló.
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En un comunicado, la organización en derechos humanos destacó que dicho comité tomó la decisión histórica de activar por primera vez el artículo 34 de la Convención y llevar la situación de México, con carácter urgente, a la Asamblea General de la ONU.
“El Comité concluyó que existen indicios bien fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, con distintas formas de participación y aquiescencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno”, señaló.
El centro coincidió en que sí se debe solicitar a la Asamblea General brindar una cooperación técnica en búsqueda, análisis forense e investigación, y a la vez que se establezca un mecanismo para esclarecer la verdad y proteger a las familias.
“La disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido en México. Desde Centro Prodh, continuamos realizando un análisis de tan importante decisión”
El organismo indicó que la decisión del Comité se encuentra basada en años de evaluación sobre la comisión de desapariciones en el país y en particular ante la solicitud de diversas familias, colectivos y organizaciones.
“El Comité clarifica que no funge como comisión de investigación, sino que analiza si existen indicios bien fundados, conforme a la información recibida, respecto de si las desapariciones se cometen de manera sistemática o generalizada”, precisó el Centro Prodh.
Agregó que el Comité encontró “una situación preocupante” caracterizada por un inmenso número de desapariciones, reconociendo que muchas de ellas siguen siendo forzadas de manera directa o en connivencia entre crimen organizado y autoridades de diferentes niveles y órdenes de gobierno.
“Señala que agentes estatales conocen previamente de la situación de riesgo real de la comisión de estas desapariciones y su conducta es un reconocimiento que los actores no estatales interpretan como consentimiento. El Comité es claro en que no se cuenta con una política nacional integral dirigida a prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones, que la búsqueda de personas desaparecidas recae en las familias y no en el actuar del Estado”, comentó.
Destacó que el informe detalla la ausencia de medidas eficaces para hacer frente a la crisis forense, pues reconoce que las acciones de México han resultado insuficientes.
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En ese contexto y conforme un análisis de las normas internacionales reconoce que las desapariciones forzadas se cometen como ataques generalizados o sistemáticos, es decir como un crimen de lesa humanidad.
“Hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos”, añadió.
En ese sentido, recordó que la ONU decidió llevar la situación de carácter urgente a la Asamblea General y solicitar al secretario general recomendar la cooperación técnica en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación y establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias.