El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) pidió este jueves a la Asamblea General que discuta de forma urgente la situación de las desapariciones en México, lo que llevó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a rechazar este pedido por “parcial y sesgado”.
La decisión se dio a conocer este jueves en un comunicado, en el que el CED pide al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita a la Asamblea General del organismo la situación en México, argumentando que es necesario que ésta se pronuncie sobre el asunto y contemple medidas para apoyar al país “en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
“El Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, dijo.
De acuerdo con el CED, llevar el tema ante la Asamblea General tiene un carácter preventivo para “movilizar la atención y el apoyo internacionales”, no para señalar responsabilidades penales individuales.
Agregó que sabe que la situación de violencia en México se ha agravado desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006 y que, si bien no tiene pruebas de que las desapariciones forzadas se deriven de una política de Estado, esto no resta urgencia al problema, ni significa que se deba descartar que haya casos que puedan considerarse crímenes de lesa humanidad.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, dijo Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, citado en el comunicado.
CNN contactó a la vocería del secretario general de la ONU para pedir comentarios y está en espera de respuesta.
El Gobierno de México, por su parte, rechazó la petición del CED, al que acusó de actuar con parcialidad y de no tomar en cuenta las acciones que las autoridades mexicanas dicen haber realizado para combatir este delito.
“Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, dijeron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de México en un comunicado conjunto publicado este jueves.
Las dependencias se refirieron así al informe que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el viernes de la semana pasada. Ese día, el equipo de la mandataria dijo que, tras una revisión que hizo al Registro Nacional de personas desaparecidas, concluyó que en solo 43.000 de los 132.000 casos contabilizados hasta entonces podría presumirse que la desaparición se debió a un delito.
“Reafirmamos el compromiso absoluto de este Gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de gravedad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, concluyeron las secretarías.
Esta no es la primera vez que México rechaza declaraciones del CED sobre la situación de las desapariciones forzadas en el país. En abril del año pasado, negó que el problema sea generalizado o sistemático, como había señalado el organismo.
Las autoridades mexicanas repetidamente dicen que están trabajando para prevenir estos casos y que algunos sectores usan el tema para afectarlas políticamente. En contraste, algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos señalan que el Gobierno busca “minimizar la crisis” que vive el país en este rubro.
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