La implementación de la reforma laboral de 2019 en México ha transformado la manera en que se imparte justicia y se concilian los conflictos en el mundo del trabajo. Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, explica en entrevista con El Economista que el mandato principal del organismo internacional ha sido apoyar al país y a sus actores para cumplir con los convenios internacionales ratificados.
“Cuando la reforma entró en vigor, la oficina debió ajustar su plan de trabajo tripartito para incluir el acceso a la justicia como un eje prioritario, buscando fortalecer tanto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como a los tribunales”, detalla.
Para lograr este objetivo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció convenios con el Poder Judicial con el fin de integrar normas internacionales en la formación de jueces y magistrados. Furtado de Oliveira señala que se buscó dotar de una lógica laboral a las estructuras existentes, especialmente ante la llegada de acuerdos comerciales que exigieron que los juzgados se empoderaran en la materia.
En este contexto, “México fue seleccionado como país piloto, junto con Bangladesh y Lesoto, para aplicar una herramienta de autoevaluación que permitiera a las instancias judiciales y de conciliación medir su desempeño frente a las demandas de los trabajadores y empleadores”.
Sandra Carrizosa, coordinadora del proyecto, detalla que tras una fase piloto realizada en 2023 y 2024 en tribunales laborales, la estrategia se expandió para cubrir trece centros de conciliación estatales.
Este proceso de evaluación busca establecer parámetros comunes en las entidades, adaptando las herramientas internacionales a las circunstancias particulares de la realidad mexicana. Carrizosa menciona que, debido al contexto de la reforma judicial, se decidió volver a aplicar la herramienta en trece entidades, ahora se concluirá este proceso en el mes de abril.
Furtado de Oliveira describe estos procesos no como cursos breves, sino como certificaciones formales de cuatro meses de duración que incluyen etapas presenciales con el Centro de Formación de Turín. El enfoque principal es dotar a los conciliadores de técnicas de negociación y escucha activa para resolver conflictos de buena fe y evitar la judicialización de los casos. Carrizosa añade que este esfuerzo se articula con la Comisión Federal de Centros de Conciliación para asegurar que los conocimientos se repliquen dentro de los estados y mantengan su vigencia técnica.
Vale la pena destacar que este proyecto incorpora una perspectiva de género mediante la búsqueda de indicadores de discriminación en los tribunales y la creación de redes de mentoría para mujeres sindicalistas. Según Carrizosa, se busca una transformación cultural que permita a las mujeres acceder a cargos directivos y negociar cláusulas de género en los contratos colectivos.
Furtado de Oliveira concluye que, pese a los retos presupuestarios y los tiempos políticos, el fortalecimiento de estas instituciones es esencial para garantizar que el sistema de trabajo sea la base de una justicia social sólida en México. Se ha identificado que las certificaciones iniciales pueden perder vigencia, por lo que la OIT y la CONACENTROS coordinan nuevas rondas de capacitación para mantener actualizados a los funcionarios ante el aumento de casos.