México ha entrado en una fase incómoda y decisiva. (la del escrutinio internacional sostenido).
Diversas instancias vinculadas al sistema de Naciones Unidas han advertido sobre patrones de desaparición, violencia generalizada e impunidad estructural que, por su escala y persistencia, abren la puerta a una discusión mayor (la posible configuración de crímenes de lesa humanidad).
No es un señalamiento menor. Cuando se habla de estos delitos, se alude a conductas sistemáticas, toleradas o incapaces de ser contenidas por el Estado. Es decir, no se trata solo de la acción de grupos criminales, sino de la incapacidad (o falta de voluntad) institucional para prevenir, investigar y sancionar.
Frente a este señalamiento, la respuesta del gobierno mexicano ha sido errática y, en muchos sentidos, contraproducente. En lugar de abrir espacios de cooperación, fortalecer mecanismos de búsqueda y transparentar información, se ha optado por una estrategia de negación, minimización y confrontación discursiva. El mensaje es claro (el problema no es la crisis, sino quien la señala).
El manejo de las cifras de personas desaparecidas ilustra esta lógica. Durante años, México ha acumulado un registro que supera las cien mil personas no localizadas (con estimaciones cercanas a las 120–130 mil). Sin embargo, en un giro abrupto, el gobierno anunció una “depuración” que redujo el universo a poco más de 40 mil casos confirmados.
Una reducción de tal magnitud, sin un proceso metodológico plenamente transparente y verificable, no fortalece la credibilidad institucional (la debilita). La pregunta no es solo cuántos son, sino qué ocurrió con decenas de miles de expedientes. En materia de desapariciones, la opacidad no es un error técnico (es una afrenta a las víctimas y un riesgo político mayor).
Este deterioro no ocurre en el vacío. Se inscribe en un proceso más amplio (la erosión de los contrapesos democráticos). En los últimos años, México ha transitado hacia una concentración creciente del poder político, con debilitamiento de organismos autónomos, presiones sobre el Poder Judicial y una reducción efectiva de los espacios de rendición de cuentas.
Cuando desaparecen los contrapesos, la democracia se vacía de contenido. Y cuando el poder deja de ser vigilado, el riesgo de desviación se multiplica. En ese contexto, la protección política de actores vinculados (directa o indirectamente) a la delincuencia organizada deja de ser una hipótesis marginal (para convertirse en una preocupación estructural).
A este escenario se suma un segundo elemento, aún más delicado (el control territorial). En amplias regiones del país, la presencia del Estado es parcial o francamente insuficiente. Grupos del crimen organizado no solo operan, sino que regulan economías locales, imponen normas, cobran extorsiones y ejercen violencia sistemática sobre la población.
En términos funcionales, esto se traduce en una fragmentación del monopolio del uso de la fuerza. El Estado mexicano no ha desaparecido, pero ha cedido (en la práctica) espacios relevantes de control. En esas zonas, la autoridad formal coexiste (y en ocasiones se subordina) a estructuras criminales que actúan con lógica de poder territorial.
La combinación de ambos factores (concentración del poder político sin contrapesos y expansión del control territorial por parte de organizaciones criminales) genera un entorno particularmente riesgoso (no solo para México, sino para toda la región de Norteamérica). A mayor concentración de poder sin supervisión efectiva, menor capacidad de corrección institucional (y mayor margen para la captura del Estado por intereses ilegales).
México no está formalmente en guerra. Sin embargo, si se observan las cifras acumuladas de homicidios y desapariciones en las últimas dos décadas, el país presenta niveles de violencia comparables a los de conflictos armados contemporáneos. La diferencia es que aquí no existe un reconocimiento oficial de ese estado de conflicto (lo que dificulta aún más la articulación de respuestas eficaces).
En paralelo, la crisis del fentanilo conecta directamente esta realidad con Estados Unidos. Mientras en territorio mexicano se disputan rutas, laboratorios y mercados, en ciudades estadounidenses se registran decenas de miles de muertes anuales por sobredosis. La cadena es continua (y la debilidad de un eslabón impacta inevitablemente al otro).
Para las agencias de seguridad estadounidenses, la ecuación es cada vez más clara (la estabilidad de México es un componente crítico de su propia seguridad nacional). La pregunta ya no es si existe un problema, sino si las instituciones mexicanas tienen la capacidad (y la voluntad política) de enfrentarlo con eficacia.
El riesgo de fondo es que México se consolide como un espacio híbrido (formalmente democrático, pero con déficits severos de control territorial y rendición de cuentas). Un país donde las instituciones existen, pero no siempre gobiernan (donde la legalidad coexiste con estructuras paralelas de poder).
En ese contexto, el señalamiento internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad no es una exageración retórica (es una advertencia). Ignorarla no reduce su impacto (lo profundiza). Y posponer las decisiones necesarias no estabiliza al país (lo expone aún más). Reconocer la magnitud del problema no debilita al Estado (lo dignifica). Negarlo, en cambio, lo erosiona desde dentro.
@FSchutte
Consultor y Analista