El reciente repunte del petróleo en los mercados internacionales ya empezó a reflejarse en los precios internos del combustible en Colombia. No obstante, es una realidad que han enfrentado los diferentes países de América Latina con posibles presiones inflacionarias.
La región enfrenta una vulnerabilidad estructural: depende en gran medida de la importación de derivados, debido a su limitada capacidad de refinación. Esto hace que losaumentos externos se transmitan con rapidez a las economías locales, afectando tanto el costo de vida como la actividad productiva.
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En los paísesimportadores de energía, el encarecimiento del crudo reduce el ingreso disponible de los hogares, limita la política económica y desacelera la demanda. En cambio, en los exportadores, el resultado final depende del manejo fiscal, especialmente de los subsidios, según un análisis de Bloomberg.
El ajuste ya se siente en Colombia. Desde el 1 de abril de 2026, el precio de la gasolina aumentó en promedio $375 por galón, alcanzando un valor de $15.449 en las principales ciudades.
El diésel también registró un incremento de $81, con un precio promedio de $11.082. La decisión, avalada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sorprendió al mercado, ya que se dio después de dos meses de reducciones consecutivas.
El Gobierno explicó que el aumento responde al comportamiento del petróleo internacional, que superó los 100 dólares por barril en medio de tensiones en Oriente Medio. El impacto no solo se limita al transporte, sino que también genera preocupación por un posible aumento del contrabando en zonas como Nariño.
El manejo de los subsidios marca la diferencia en la región.Cuando los gobiernos mantienen ayudas, los consumidores enfrentan menores alzas, pero el costo se traslada a las finanzas públicas.
Por el contrario, en países que han desmontado estos esquemas, como Colombia,los incrementos se reflejan más rápido en los precios finales, lo que incrementa los riesgos inflacionarios y sociales.
En Ecuador, por ejemplo, la reducción de subsidios, especialmente en el diésel, ha derivado en protestas y un ambiente de alta tensión política, evidenciando el costo social de estos ajustes.
Brasil anunció exenciones tributarias y apoyos directos a productores e importadores de diésel, con una inversión cercana de US$5.800 millones. El objetivo no es otro que reducir el precio en las estaciones de servicio.
México también decidió contener el alza mediante subsidios a la gasolina y al diésel. La presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció además un acuerdo con distribuidores para fijar un precio máximo a la gasolina regular.
Sin embargo, el sector empresarial negó la existencia de un pacto similar para el diésel, lo que refleja diferencias en la implementación de las medidas.
Chile adoptó una estrategia distinta. El Gobierno del presidenteJosé Antonio Kast trasladó el incremento directamente a los consumidores, con un aumento de cerca del 32% en la gasolina y del 62% en el diésel, una de las mayores subidas registradas en el país, según información de Bloomberg.
El mandatario defendió la medida al señalar que evitar el ajuste implicaría endeudar más al país. Además, se modificó el mecanismo de cálculo de precios internacionales, ampliando el periodo de referencia de tres a cuatro semanas para reducir la volatilidad.
En el caso chileno, el impacto se transmite de forma directa a la inflación a través del transporte y los costos logísticos.
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