A 45 días de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela, familiares de detenidos terminaron la Semana Santa con nuevas vigilias afuera de cárceles donde, según organizaciones de derechos humanos, cientos de presos políticos continúan tras las rejas a la espera de ser beneficiados por el proyecto que impulsó el propio chavismo.
Las autoridades han reportado que desde la aprobación del proyecto más de 250 personas han sido excarceladas y que cerca de 8.000 recuperaron la libertad plena, ya que aunque estaban fuera de prisión, todavía tenían medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o una presentación periódica ante tribunales.
Pero el proceso se ha ralentizado en las últimas semanas, según consignaron organizaciones como Foro Penal y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). Pese a los reclamos de activistas, el Gobierno nunca publicó una lista oficial de detenidos, por lo que el seguimiento de cifras y casos pendientes depende del seguimiento particular que realizan las organizaciones civiles.
Foro Penal reportó a fines de marzo que 503 presos políticos siguen encarcelados, y en muchos casos no se permite la designación de abogados de confianza. “Desde hace aproximadamente dos semanas se ha visto que ha bajado significativamente el número de personas liberadas con la amnistía”, dijo a EFE Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal. El último balance registró 34 excarcelaciones, frente a las 55 del reporte previo. Si el proceso no continúa, “parecería evidente que el Gobierno interino no tendría verdadera voluntad política de hacer cesar la prisión y la persecución política”, agregó Himiob.
En tanto, JEP contabilizó también a fines de marzo 679 detenidos por motivos políticos y denunció en un comunicado: “Pese a anuncios oficiales y medidas recientes, no existe un cambio sustancial en la situación. En los últimos 11 días, desde nuestro balance anterior, únicamente se ha registrado la excarcelación de 10 personas, lo que refleja un ritmo sumamente limitado frente a la magnitud del problema”.
El grupo afirmó que las liberaciones son “aisladas y discrecionales, sin responder a una política estructural orientada a garantizar derechos” por lo que denunció que “la privación de libertad por motivos políticos sigue siendo utilizada como mecanismo de control”. Con ese marco, JEP reclamó al Gobierno un indulto procesal como una vía constitucional “más expedita” que no quede sometida a tiempos judiciales.
Líderes sindicales que convocan a una marcha para este jueves también han denunciado que algunos representantes gremiales no han sido alcanzados por la amnistía.
CNN consultó al Gobierno de Venezuela sobre los señalamientos de las ONG y espera respuesta.
El presidente de la comisión legislativa encargada de darle seguimiento a la ley, el diputado Jorge Arreaza, declaró el 28 de marzo en entrevista con Telesur que había recibido 13.685 solicitudes, aunque algunas estaban repetidas, y se llegó a 11.401 personas. El asambleísta no explicó los motivos por las cuales más de 3.000 fueron rechazadas o todavía están pendientes de respuesta. Según dijo, en esta nueva etapa, se harán las correcciones necesarias. “(Debemos) entender que tenemos que unirnos. La unidad de la Revolución Bolivariana para nosotros es un principio de esencia”, sostuvo.
La comisión fue instalada por propuesta de la sociedad civil durante el debate del proyecto de ley, pero la verificación no quedó vinculada a instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Cruz Roja, la Iglesia, comités de víctimas y otros organismos civiles.
“Entonces, hoy día esta comisión lanza una cifra, 6.000, 5.000 solicitudes, dimos tanto (beneficios). Yo no puedo decir que es mentira, pero tampoco la puedo verificar, porque no hay posibilidad de contrastar ni de verificar esa cifra”, dijo a EFE el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo. Con todas esas limitaciones, el proceso ha estado “enlodado en burocracia, en actitudes y respuestas discrecionales (de) a unos sí, a otros no”, agregó Murillo.
Mientras tanto, familiares continúan con sus movilizaciones. El viernes realizaron un Via Crucis por siete templos de la capital para exigir respuestas a las autoridades. El domingo, incendiaron un muñeco de hojas y tela como parte de la tradicional quema de judas, bajo proclamas de justicia y libertad. “Ni uno, ni dos, ¡que sean todos!”, cantaron afuera del Helicoide.
Con información de la agencia EFE
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