Luego de una denuncia realizada por la exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos en esa representación diplomática —y tras la publicación de una investigación que documenta más de 40 alertas internas que no derivaron en sanciones—, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que las denuncias ya están siendo atendidas por sus órganos internos.
El nuevo titular de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que existe un “mecanismo muy claro” para procesar este tipo de quejas, a través del Órgano Interno de Control (OIC) y del Comité de Ética de la dependencia.
“Esos dos organismos son los que tendrán que desahogar cualquier queja formal y, por supuesto, cuando haya cualquier elemento para que se inicie una investigación, también lo vamos a hacer de conocimiento del OIC”, señaló el canciller en declaraciones a medios tras su ratificación en el cargo.
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Velasco agregó que los señalamientos relacionados con la representación diplomática en Reino Unido “ya están en el seno del Comité de Ética” y que el caso fue informado desde enero de este año. Asimismo, indicó que cualquier nueva información será canalizada a las instancias correspondientes para su revisión.
La respuesta oficial ocurre después de que documentos internos de la propia Cancillería —incluyendo un informe y un acta administrativa— evidenciaran un patrón de irregularidades detectadas y reportadas sin que se activaran mecanismos efectivos de control o sanción. Entre los hallazgos se incluyen posibles alteraciones de facturas, transferencias trianguladas, pagos a una empresa sin registro formal y expedientes abiertos por el OIC que permanecían sin resolución al cierre de la gestión anterior.
De acuerdo con esos documentos, el esquema de presunto desvío operaba mediante la manipulación de comprobantes y movimientos bancarios: por ejemplo, facturas que eran alteradas para incrementar los montos originales y desviar la diferencia a cuentas personales. Además, se documentaron transferencias por miles de libras esterlinas bajo este patrón, así como la existencia de al menos dos expedientes formales de investigación abiertos por el propio órgano de control interno.
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La investigación también señala otros indicios de irregularidades, como pagos por más de 140 mil libras a una empresa sin registro formal en Reino Unido, la destrucción de un vehículo oficial de alta gama y la emisión de un certificado migratorio a una persona sin vínculo laboral con la embajada. Pese a que estos hechos fueron reportados a distintas áreas de la Cancillería, al cierre de la gestión anterior persistían observaciones sin solventar y sin una ruta clara de sanción.
Pese a estos elementos, la Cancillería no detalló si se han iniciado procedimientos administrativos o penales específicos derivados de los expedientes identificados en la investigación, ni precisó el estado actual de las indagatorias.
La dependencia se limitó a reiterar que todas las denuncias “se atienden” conforme a los mecanismos institucionales vigentes.