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Por Gabriel Stargardter
SÃO PAULO, 24 oct (Reuters) - Dos funcionarios del Departamento de Estado de lideraron una campaña para devolver al poder al clan Bolsonaro en Brasil e impulsaron con éxito sanciones destinadas a inclinar los comicios a su favor, dijeron 10 funcionarios y exfuncionarios estadounidenses con conocimiento directo del asunto.
Su plan se pondrá a prueba el domingo, cuando el senador Flávio Bolsonaro se enfrente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en una reñida segunda vuelta. Lula ha advertido a Washington que no vulnere la soberanía de Brasil y ha acusado a su oponente de conspirar con el Gobierno de Trump.
Los dos funcionarios eran Darren Beattie, asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental encargado de supervisar la política respecto a Brasil, y Ricardo Pita, otro asesor ascendido este año a subsecretario adjunto para América del Norte. Los detalles de su campaña para devolver a los Bolsonaro al poder no se habían dado a conocer hasta ahora.
Beattie y Pita actuaban con mucha libertad de maniobra para gestionar la relación de Washington con el segundo país más poblado de América, según las fuentes.
En los meses previos al inicio de la campaña, indicaron a los diplomáticos estadounidenses en Brasil que la política de Washington consistía en restituir a Jair Bolsonaro como líder del país, pese a que había sido inhabilitado para el cargo por planear un golpe de Estado en 2022, cuando perdió las elecciones presidenciales frente a Lula, afirmaron tres de las fuentes.
Después de que Bolsonaro fuera condenado a 27 años de prisión en septiembre de 2025, ambos cambiaron de estrategia para apoyar la candidatura de su hijo Flávio, según las tres fuentes. Beattie y Pita ordenaron al personal de la embajada que no interactuara con otros candidatos conservadores que pudieran suponer un desafío para el senador, afirmaron.
Desde el año pasado, ambos han abogado con éxito por medidas punitivas de Washington contra Brasil, diseñadas para debilitar a Lula e impulsar a los Bolsonaro, explicaron las 10 fuentes a Reuters.
Entre esas medidas figuraban la designación de bandas brasileñas como grupos terroristas y la imposición de sanciones contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal que encabezó la investigación sobre Jair Bolsonaro.
Reuters no pudo determinar hasta qué punto ambos actuaban siguiendo órdenes de la Casa Blanca o del secretario de Estado, Marco Rubio. Trump, un defensor acérrimo de Bolsonaro desde su derrota electoral en 2022, no ha respaldado públicamente a ningún candidato.
La Casa Blanca se negó a hacer comentarios y remitió las preguntas al Departamento de Estado.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, no respondió sobre directrices específicas relacionadas con Beattie y Pita, pero afirmó en un comunicado: "Todas las acciones emprendidas por Estados Unidos contra los narcotraficantes y para proteger la libertad de expresión tienen como objetivo defender los derechos y las vidas del pueblo estadounidense".
"El pueblo brasileño tiene derecho a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas", agregó.
La oficina de Lula no respondió a las solicitudes de comentarios.
Orna Blum, una de las funcionarias que habló con Reuters sobre la labor de Beattie y Pita, dirigió la oficina del Departamento de Estado para Brasil y el Cono Sur hasta que se jubiló el año pasado debido a su oposición al Gobierno de Trump.
Washington "tiene todo el derecho a perseguir sus intereses económicos y estratégicos", afirmó. "Pero cuando los instrumentos de la política exterior se utilizan para presionar a otra democracia sobre el destino judicial de un aliado político, se ha traspasado la línea entre la diplomacia y la intervención política".
SANCIONES
Beattie es un antiguo redactor de discursos de la Casa Blanca despedido en 2018 tras intervenir en un acto al que asistían nacionalistas blancos.
También es el artífice de la "diplomacia de la libertad de expresión", una política defendida por los aliados de Trump que busca castigar a las naciones a las que acusan de censurar el discurso de derecha de estadounidenses, empresas y aliados de derecha a nivel mundial.
Estados Unidos ha acusado al juez del STF Alexandre de Moraes de violar los derechos de libertad de expresión al encarcelar a brasileños por publicaciones políticas en redes sociales y al censurar contenidos de empresas estadounidenses de redes sociales.
Moraes, que ha argumentado que estaba eliminando de las redes sociales las noticias falsas que socavaban la confianza pública en las instituciones democráticas del país, no respondió a una solicitud de comentarios.
Pita es uno de los muchos en el círculo de Rubio que ven a Lula como una amenaza para los intereses de Washington en América Latina.
Rubio ha sido una figura clave en la agresiva política del Gobierno de Trump en la región, que ha incluido una invasión de Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, un bloqueo petrolero a Cuba y ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas procedentes de América Latina.
Beattie y Pita se sintieron atraídos por la política de derecha de la familia Bolsonaro, su antipatía hacia Lula y la idea de que Jair Bolsonaro fue víctima de abusos por parte del STF de Brasil.
Al igual que Trump en 2020, Bolsonaro se negó a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022, lo que desencadenó disturbios por parte de sus seguidores, que irrumpieron en edificios gubernamentales. El STF lo condenó en septiembre de 2025 por conspirar para dar un golpe de Estado con el fin de mantenerse en el poder.
Antes de la condena, a principios de 2025, los Bolsonaro presionaban agresivamente a Washington para que impusiera sanciones, en virtud de la Ley Magnitsky Global de Responsabilidad en materia de Derechos Humanos, contra Moraes, quien había dirigido las investigaciones penales sobre Jair Bolsonaro.
La ley es una norma federal de 2016 que permite a EEUU
imponer sanciones a personas extranjeras responsables de abusos contra los derechos humanos o de corrupción grave.
Alrededor de abril de 2025, el hijo menor de Jair Bolsonaro, Eduardo, visitó a Beattie en su despacho del Departamento de Estado, según dos antiguos funcionarios estadounidenses.
Eduardo Bolsonaro llevaba defendiendo públicamente las sanciones Magnitsky contra Moraes al menos desde 2024, y en marzo de 2025 afirmó que era "prácticamente seguro" que Washington las impondría.
Eduardo Bolsonaro no respondió a las solicitudes de comentarios.
Beattie llamó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro para solicitar que se impusieran sanciones Magnitsky contra Moraes, afirmó un exfuncionario estadounidense, quien destacó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuyo departamento gestiona las sanciones Magnitsky a través de la OFAC, no puso ninguna objeción.
Estados Unidos anunció sanciones Magnitsky contra Moraes en julio de 2025, alegando sus presuntas violaciones del derecho a la libertad de expresión al censurar publicaciones antigubernamentales en las redes sociales.
Un funcionario del Tesoro afirmó que Bessent y Rubio están "totalmente alineados con la política exterior del Gobierno".
DESIGNACIONES
La familia Bolsonaro también presionaba para que Washington designara a las principales bandas de Brasil —el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)— como organizaciones terroristas. Creían que dicha medida perjudicaría a Lula, a quien algunos han criticado por no controlar la delincuencia.
Eduardo Bolsonaro había entablado amistad con Pita a través de los círculos conservadores estadounidenses, y ambos apoyaban la iniciativa de designar a las bandas como grupos terroristas.
En mayo de 2025, Pita se unió a una delegación de Washington que visitó a Jair Bolsonaro en su residencia de Brasilia mientras esperaba su juicio, según comunicados públicos. También formaba parte del grupo David Gamble, el máximo responsable de sanciones del Departamento de Estado en ese momento.
De vuelta en Washington, Pita pidió a los responsables de sanciones del Departamento de Estado que estudiaran cómo podrían aplicarse en Brasil las designaciones como organizaciones terroristas, similares a las anunciadas contra los cárteles mexicanos en febrero de 2025, afirmó un exfuncionario.
En mayo de 2026 —tras el ascenso de Pita a un puesto que le apartó de los asuntos relacionados con Brasil—, Flávio Bolsonaro se reunió en Washington con Beattie y el subsecretario de Estado Christopher Landau para debatir "la urgencia de designar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras", según una publicación en X del influencer de derecha Paulo Figueiredo que incluía fotos de los asistentes.
El Departamento de Estado anunció la designación al día siguiente. Reuters no pudo determinar el alcance de la influencia de Pita o Beattie a la hora de conseguir la decisión final.
En julio de 2025, Washington también anunció una serie de medidas adicionales contra Brasil, entre ellas la revocación de los visados de ocho magistrados del STF y la imposición de aranceles del 50% a los productos brasileños, alegando la "persecución" contra Jair Bolsonaro.
Reuters no pudo determinar qué papel, si es que hubo alguno, desempeñaron Beattie o Pita en las medidas adicionales. Pero si su intención era socavar a Lula, muchas de ellas resultaron contraproducentes, según analistas políticos de Brasil.
Las medidas dirigidas contra el STF no impidieron en absoluto que este siguiera adelante con el juicio a Bolsonaro, mientras que los aranceles impulsaron los índices de popularidad del Gobierno de Lula, señalaron analistas.
Las principales empresas estadounidenses y brasileñas que dependen del comercio bilateral —entre ellas el gigante cárnico JBS, controlado por los multimillonarios brasileños Wesley y Joesley Batista— también se opusieron a los aranceles, que Washington acabó suavizando.
La campaña de Beattie y Pita también sufrió reveses. Sin una explicación oficial por parte del Departamento del Tesoro, Washington retiró al juez Moraes de la lista de sanciones Magnitsky en diciembre, y en marzo Brasil prohibió a Beattie entrar en el país para visitar a Bolsonaro en prisión.
(Reporte de Gabriel Stargardter, reporte adicional de Gram Slattery en Washington, Luciana Magalhaes en Sao Paulo, Lisandra Paraguassu en Brasilia.)