El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este jueves a dos hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, por su papel dentro del aparato gubernamental y sus vínculos con una red ligada al negocio de extracción de oro que, según Washington, financia al régimen.
Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, dos de los siete hijos que la pareja presidencial nicaragüense fueron señalados junto a otros cinco individuos, incluido el viceministro de Energía y Minas, y siete empresas mineras por el Tesoro a través de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
El Departamento del Tesoro señala que los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”, además de estar implicados en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a esta industria.
“El régimen de Murillo y Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante estas empresas de oro y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses para mantenerse en el poder”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
De acuerdo con el Tesoro, ambos hijos fueron designados por desempeñarse como funcionarios del Gobierno nicaragüense. Maurice Ortega funge como delegado presidencial para asuntos deportivos, mientras que Daniel Edmundo Ortega encabeza el Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Washington sostiene que el círculo cercano al poder “ha reconfigurado el sector minero desde 2020 mediante una red de empresas fachada y operadores que permiten generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político”. En este esquema, el oro se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del régimen.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos en Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con personas o entidades estadounidenses. La medida se enmarca en la presión sostenida de Washington contra Managua desde la represión de las protestas iniciadas en abril de 2018.
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