El gobierno de Chile anunció el jueves que "intensificará" la expulsión de extranjeros indocumentados, una de las principales promesas de campaña del mandatario José Antonio Kast.
Este jueves, el gobierno devolvió a 40 personas a Colombia, Bolivia y Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea, una práctica que ya se hacía en gobiernos anteriores.
El ultraderechista asumió la presidencia en marzo con el compromiso de imponer "mano dura" contra la migración irregular, a la que asocia al aumento de la criminalidad.
"Vamos a intensificar los vuelos" y "también va a haber salidas en buses", dijo a la prensa el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
Evitó detallar cuánto y cuándo aumentarán estas salidas por "razones de seguridad".
El de este jueves es "el primer vuelo de muchos", que junto con viajes en buses "irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país", dijo Kast el miércoles en su primer mensaje a la nación.
Durante los gobiernos del conservador Sebastián Piñera (2018-2022) y del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), se expulsaron 6.668 y 4.544 migrantes irregulares, respectivamente, según el estatal Servicio de Migraciones.
Para Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Kast todavía no marcó una ruta distinta a sus predecesores.
En Chile viven más de 330.000 migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos. Si despegaran tres vuelos al mes con 40 pasajeros cada, en un año se expulsarían unos 1.500, estima el experto.
En sus primeros días en la presidencia, Kast inició la construcción de zanjas en las desérticas fronteras con Perú y Bolivia para evitar los ingresos irregulares. También frenó los trámites de regularización de unos 180.000 extranjeros.
El Servicio de Migraciones detalló que desde el triunfo de Kast en las elecciones, en diciembre de 2025, se fueron voluntariamente del país 2.180 venezolanos.
Como Chile y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2024, el gobierno impulsará la salida voluntaria de venezolanos, según el gobierno.
También se enviará al parlamento un proyecto para convertir el ingreso irregular al país en un delito y otro para sancionar a quienes "lo favorezcan".
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