La ratificación de la calificación soberana de México por Fitch Ratings en BBB- con perspectiva estable parece, a primera vista, un respiro. Conservamos el grado de inversión, sí, pero en el nivel más bajo posible. Es como caminar sobre la cuerda floja: un paso en falso y la caída es inevitable.
Según la Secretaría de Hacienda (Paquete Económico 2026) la deuda pública cerrará este año en torno al 52.3% del PIB, mientras que el Fondo Monetario Internacional (WorldEconomic Outlook, abril 2026) estima un nivel más elevado, cercano al 62.7% del PIB. En contraste, la recaudación tributaria apenas supera el 16% del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano (alrededor de 23%).
Este desfase revela una vulnerabilidad estructural: un Estado sostenido por ingresos petroleros y subsidios energéticos, incapaz de generar recursos suficientes para inversión y desarrollo. Sin una reforma fiscal que amplíe la base tributaria y reduzca la dependencia de ingresos volátiles, México seguirá atrapado en una estabilidad precaria.
La estabilidad macroeconómica que Fitch reconoce es, en realidad, una estabilidad ilusoria. El margen de maniobra fiscal es estrecho y cualquier choque externo, como el repunte del petróleo por tensiones geopolíticas, puede desestabilizar las cuentas nacionales. La pregunta incómoda es si México puede seguir sosteniendo esta narrativa de estabilidad sin enfrentar de una vez por todas la urgencia de una reforma fiscal integral.
Mientras tanto, la inflación sigue golpeando la vida cotidiana. En marzo, la inflación anual se ubicó en 4.6%, por encima del objetivo de Banxico (3%, +/- 1 punto porcentual). Los alimentos básicos (jitomate, papa, cebolla) continúan encareciéndose y la presión se extiende a productos emblemáticos como la tortilla.
Durante la semana, industriales de la masa y la tortilla advirtieron que el alza en los costos de insumos (maíz, energía y transporte) hacía inevitable un incremento en el precio final. Las autoridades respondieron con mesas de diálogo y llamados a contener el ajuste, pero las conversaciones quedaron en un punto intermedio; sin un acuerdo vinculante, con promesas de vigilancia y apoyos focalizados que aún no se materializan.
En paralelo, la canasta básica aumentó 7.6% en zonas rurales y 8.1% en urbanas, superando la inflación general. Esto significa que más de 40% de los hogares mexicanos enfrentan dificultades para cubrir la canasta alimentaria. La pobreza alimentaria se profundiza y la discusión sobre la tortilla se convierte en símbolo de un problema mayor si la política social no logra frenar el deterioro del poder adquisitivo.
Y mientras los mercados celebran la ratificación de Fitch, millones de familias ajustan su dieta, reducen porciones y enfrentan la angustia de no poder cubrir lo esencial. La estabilidad macro no se traduce en bienestar cotidiano.
En este contexto, las pymes, que representan más del 95% de las empresas mexicanas (Censos Económicos 2024, INEGI) y generan 70% del empleo formal, se encuentran atrapadas en un entorno hostil. La alta mortalidad en los primeros cinco años de operación, el escaso acceso a crédito y la presión fiscal creciente las asfixian.
Nafin y Bancomext recientemente anunciaron un programa de 120 mil millones de pesos en financiamiento para mipymes y proyectos estratégicos, con garantías y esquemas de coinversión. Claro está que sin pymex no hay empleo, y sin empleo no hay estabilidad social. Sin embargo, la realidad es que el acceso efectivo a estos recursos sigue siendo limitado para miles de pequeños negocios que carecen de historial crediticio sólido o garantías suficientes.
Por su parte, Banco Ve por Más subrayó la semana pasada la necesidad de fortalecer la cobertura de riesgos, esquemas de financiamiento digital y plataformas de pago en línea para pymes, como parte de su estrategia de inclusión financiera. La digitalización es indispensable, pero requiere acompañamiento técnico y políticas públicas que reduzcan la brecha tecnológica.
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) advirtió que las pymes enfrentan un doble desafío; competir en mercados globales con baja productividad y sobrevivir en un entorno interno marcado por costos crecientes y burocracia. La falta de infraestructura logística y de apoyo en innovación tecnológica limita su capacidad de exportar y crecer.
La narrativa oficial habla de apoyo y financiamiento, pero la experiencia cotidiana de las pymes es otra: trámites interminables, créditos inaccesibles y un mercado interno debilitado por la inflación. El motor del empleo está en riesgo.
¿México puede sostener estabilidad con un Estado débil, hogares empobrecidos y pymes en riesgo de extinción? La ratificación de Fitch es apenas un espejismo si no se acompaña de una reforma fiscal seria, una política social efectiva y un verdadero programa de fortalecimiento para las pymes.