Según informa la corresponsal de RFI en Caracas, Alice Campaignolle, 771 detenidos han sido amnistiados en el país, en el marco de lo que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, denominó un “nuevo momento político”. Estas 771 personas ya no enfrentan ninguna condena y, por ejemplo, no están sujetas a controles judiciales.
La ley de amnistía, que buscaba la liberación de todos los presos políticos, fue promulgada a mediados de febrero por la presidenta interina Delcy Rodríguez, bajo presión de Washington tras la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense el pasado 3 de enero. La normativa establece que los posibles beneficiarios deben solicitar la amnistía ante los tribunales que los condenaron.
Sin embargo, la amnistía ha sido denegada en casos como el de Javier Tarazona, entre otros. Este activista, uno de los más emblemáticos del país, fue liberado en febrero tras casi cinco años en prisión como parte de las medidas de excarcelación de presos políticos. No obstante, recientemente denunció una “revictimización” de las familias tras un nuevo aplazamiento de su juicio y el rechazo de su amnistía por parte de la justicia.
Muchos ex presos políticos aún deben presentarse ante los tribunales cada 15 días en Caracas, independientemente de que su lugar de residencia esté a varias horas de distancia. Otros, aunque se han beneficiado de la amnistía, no han recuperado sus bienes, como sus casas, vehículos o empresas, que les fueron confiscados.
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La aplicación de la ley de amnistía carece de transparencia. ¿Quién puede realmente solicitarla? ¿Cuáles son las condiciones? ¿En qué plazos? Algunos excarcelados recientes denuncian haber presentado su solicitud hace semanas sin recibir respuesta. Las autoridades judiciales no han brindado información al respecto. Según organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal, aún quedan 477 presos políticos en las cárceles de Venezuela.